La guerra contra las drogas: cuando el poder aprendió a criminalizar la disidencia

La historia oficial suele presentarse como una sucesión de buenas intenciones mal ejecutadas. Bajo esa narrativa, la “guerra contra las drogas” habría sido un error: una política torpe, bienintencionada, que fracasó por mala implementación. Sin embargo, cuando se observa con atención su origen, su diseño y —sobre todo— sus efectos persistentes, esa explicación se derrumba. La guerra contra las drogas no fue un fracaso accidental: fue una estrategia política deliberada para neutralizar enemigos internos sin admitirlo abiertamente.

En 1994, John Ehrlichman, asesor de asuntos domésticos del presidente Richard Nixon, lo dijo sin rodeos. La administración de Nixon tenía dos enemigos: la izquierda antibelicista y la población negra politizada. No se podía ilegalizar estar contra la guerra de Vietnam, ni se podía prohibir ser negro. Pero sí se podía asociar cultural y mediáticamente a esos grupos con ciertas drogas y, una vez criminalizadas, usar el aparato penal para desarticularlos. La genialidad perversa del plan no radicaba en la represión directa, sino en su camuflaje moral.

Este punto es crucial: el poder moderno aprendió que ya no necesita censurar ideas si puede criminalizar a quienes las sostienen. No hace falta prohibir una consigna si puedes encarcelar al cuerpo que la grita. La represión abierta genera mártires; la criminalización produce silencio. Bajo esta lógica, el conflicto político se transforma en un problema de “seguridad pública”, y el disidente deja de ser un ciudadano con argumentos para convertirse en un delincuente sin voz.

La guerra contra las drogas encajó perfectamente en este esquema. A los hippies —blancos, jóvenes, antibélicos— se les asoció con la marihuana. A los negros —urbanos, empobrecidos, organizados— se les vinculó con la heroína, y más tarde con el crack. No fue casual que las penas por estas sustancias fueran desproporcionadamente más severas que las aplicadas a drogas consumidas mayoritariamente por blancos de clase media o alta. La ley no era ciega: veía muy bien a quién castigaba.

El resultado fue devastador y, al mismo tiempo, políticamente eficaz. Comunidades enteras fueron desmanteladas, líderes sociales encarcelados, movimientos debilitados. Las cárceles se llenaron, pero el consumo no disminuyó. La violencia aumentó, pero el “orden” se volvió un eslogan rentable. Desde el punto de vista humano, fue una tragedia; desde el punto de vista del control social, un éxito rotundo.

Aquí emerge una verdad incómoda: si una política persiste durante décadas a pesar de sus consecuencias desastrosas, tal vez no esté fracasando. Tal vez esté funcionando exactamente como fue concebida. La guerra contra las drogas sobrevivió a Nixon, fue abrazada por demócratas y republicanos, exportada a América Latina y legitimada por un discurso moral que convierte cualquier crítica en sospecha. Quien cuestiona la estrategia no es un ciudadano reflexivo, sino alguien que “defiende criminales”.

Este patrón no es exclusivo de las drogas. Cambian los nombres, pero la lógica se repite: guerra contra el terrorismo, guerra contra el crimen, mano dura, tolerancia cero. Siempre hay un enemigo difuso, un grupo social claramente identificable, y un aparato represivo que se expande en nombre de la seguridad. El miedo sustituye al debate, y la ley se vuelve un instrumento selectivo.

Lo verdaderamente inquietante no es solo que el poder haya diseñado este mecanismo, sino que haya logrado que amplios sectores de la sociedad lo defiendan. La criminalización del otro ofrece una ilusión de orden, una falsa sensación de superioridad moral. Mientras haya alguien “peor”, alguien a quien castigar, el sistema parece funcionar. Pero el precio es alto: una democracia vaciada de crítica y una justicia que castiga más la identidad que el daño real.

Reconocer que la guerra contra las drogas fue, en esencia, una guerra contra personas no implica negar los problemas asociados al consumo de sustancias. Implica, más bien, entender que esos problemas fueron utilizados como pretexto para algo más profundo: la gestión autoritaria del disenso. La verdadera pregunta no es por qué fracasó esta guerra, sino por qué, sabiendo todo esto, seguimos librándola.

Tal vez porque, como suele ocurrir, no se trataba de protegernos a nosotros, sino de proteger al poder de quienes se atrevieron a cuestionarlo.