Sin la protección de la ex pareja presidencial, el empresario Salvador Sánchez Alcántara podría ser juzgado por administración fraudulenta del Grupo Estrella Blanca, pues enfrenta una denuncia penal por fraude de más de mil millones de pesos, parte de los cuales sirvieron como donativos a la Fundación Vamos México que preside Marta Sahagún de Fox
Ana Lilia Pérez
Desde enero de este año los usuarios de las líneas de autotransportes del Grupo Estrella Blanca han padecido desde retrasos en las salidas de autobuses hasta el cierre de terminales, como la Central Camionera del Sur en la ciudad de México, y también en la de Acapulco, controladas en 80 por ciento por este grupo empresarial, debido a enfrentamientos entre socios y ex socios del consorcio camionero.
El conflicto inició en diciembre de 2006, cuando se retiró del Consejo de Administración Salvador Sánchez Alcántara, quien además de separar sus acciones se apoderó de las rutas más productivas, las cuales ahora aprovecha con los autobuses Turistar, Futura y Estrella Roja, junto con su hijo Arturo Sánchez de la Peña.
A raíz de la escisión, las empresas de la familia Sánchez Alcántara, y las 18 que asocian al Grupo Estrella Blanca, se disputan corridas e instalaciones de las terminales.
Hace dos semanas trabajadores de ambas empresas, partidarios de Sánchez Alcántara, impidieron la salida de los camiones Estrella Blanca, y los operadores se opusieron a la salida de los camiones de Turistar y Estrella Roja, de la Central Camionera del Sur.
El fraude
Sánchez Alcántara y su hijo Arturo, amigos de Marta Sahagún y Vicente Fox, enfrentan la denuncia que presentaron 40 socios de la empresa Autobuses Estrella Blanca por el delito de fraude, integrada en la averiguación previa AZC4/T3/812/03-06.
El abogado Hugo Becerra, representante de los demandantes, dice que el fraude se calcula en más de mil millones de pesos, y se derivó de manejos ilegales que en los últimos 10 años hizo Sánchez Alcántara en perjuicio de los socios, como retenciones ilegales, las cuales fueron depositadas en una cuenta administrada por Arturo Sánchez de la Peña, amigo íntimo de Vicente Fox de la Concha.
En entrevista, Hugo Becerra confía en que se ejercite acción penal contra Sánchez Alcántara pues, dice, “se logró acreditar el ilícito y la responsabilidad del ex presidente del Consejo de Administración de la empresa”.
El fraude de Sánchez Alcántara empezó en 1997 cuando, a raíz de la crisis económica que enfrentaba la empresa, por medio de ilegales negociaciones en las que participó también el ex senador Raymundo Gómez Flores (socio de la empresa y entonces presidente del Consejo de Administración) lograron que el Fobaproa absorbiera la deuda de sus empresas en un solo crédito.
La deuda de Estrella Blanca que pasó al IPAB a nombre de Autobuses Estrella Blanca, fue para socializarla entre los mil socios, pese a que la mayor parte incluyó préstamos personales a los hijos de Sánchez Alcántara: Carlos, Arturo y René.
De acuerdo con el acta notariada de Autobuses Estrella Blanca –cuya copia obra en poder de Fortuna– cuando el consorcio camionero pasó su deuda al Fobaproa, los hijos de Sánchez Alcántara tenían la mayor parte de las acciones: Carlos, mil 575; René, 300, y Arturo 100, miemtras que él tenía 260 acciones, y su hermano Óscar, 130.
Una vez que la deuda se integró al Fobaproa, Sánchez Alcántara informó a los mil socios de Estrella Blanca que abrirían una cuenta común para pagarla, y que para entonces ya era de 854 millones de pesos.
A partir de 1997 y hasta la fecha, Sánchez Alcántara retuvo -según los socios- el 80 por ciento de las ganancias por cada autobús para la supuesta cuenta común, y entregaba a los socios sólo 20 por ciento de los ingresos que apenas servía para el mantenimiento de sus camiones, que debía hacerse en el taller propiedad de Sánchez Alcántara (por medio de la empresa Suministros y Limpieza de Autobuses).
Sánchez Alcántara obligó a los socios a pagar el alquiler de las películas que se proyectaban a bordo de los autobuses, en los que obligatoriamente iban incluidos los videos de la Fundación Vamos México, que promocionan las obras de caridad de Marta Sahagún.
De acuerdo con la denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, las retenciones que durante 10 años hizo Sánchez Alcántara a los socios fueron depositados en la cuenta 0447136366 de BBVA-Bancomer a nombre de Autobuses Expreso Futura, S.A., y no de Autobuses Estrella Blanca.
Cuando Estrella Blanca fue intervenida por el Fobaproa, Futura tenía las finanzas más sanas del consorcio, apenas se había creado el 29 de mayo de 1992, y para ésta se compraron unidades de primera clase. De esta manera la familia Sánchez manejaba las cuentas a nombre de Autobuses Expreso Futura para los ingresos, y Autobuses Estrella Blanca para las pérdidas y deudas.
Durante su estancia en el Consejo de Administración, como Tesorero, Arturo Sánchez de la Peña, amigo personal y empleador de Vicente Fox de la Concha, Vicentillo, era el único que tenía acceso a la cuenta del BBVA-Bancomer, en la que durante una década se hicieron retenciones a socios del consorcio.
La administración fijó a sus socios 26 por ciento de retenciones semanales: 21 por ciento de “cuota de administración” y 5 por ciento para “mantenimiento y construcción de terminales”, así que prácticamente entregaba montos mínimos o nulos en ganancias.
A raíz de la denuncia que presentaron 40 socios, Sánchez de la Peña los castigó relegando sus autobuses a líneas de menor afluencia de usuarios e incluso sacando de circulación, paulatinamente, sus camiones.
Socios como Israel Silva Díaz, Ezequiel Estrada González, Jesús Lozano Romero, Pedro Quezada Escobedo y Everardo Quezada Medina, entre otros, señalan que una vez presentada la denuncia, Sánchez Alcántara los relegó incluso de los beneficios fiscales que la empresa alcanzó durante el sexenio de Fox.
Así, los beneficios que la familia presidencial dio a la empresa –renegociaciones de su deuda en el IPAB, contratos por adjudicación directa, etcétera.– favorecieron a los allegados a Sánchez Alcántara, como sus hijos Arturo y Carlos, quienes también socializaron -con cargo a la empresa- la deuda de Autobuses Estrella Blanca, por 18 millones de pesos. que logró ingresar al IPAB.
Everardo Quezada Medina, uno de los defraudados, señala que aunque Autobuses Estrella Blanca alcanzó “concesiones especiales”, en la práctica estos beneficios sólo fueron para los integrantes del Consejo de Administración que presidía Sánchez Alcántara, incluido el propio José de Jesús Mora - secretario del Consejo- y quien sucedió en el cargo a Sánchez Alcántara.
“Como sociedad mercantil se lograron muchos créditos, pero la mayoría de socios nunca tuvimos acceso. Para las deudas que ellos adquirieron éramos todos, para nuestras deudas como socios minoritarios, estábamos solos”, lamenta Quezada Medina.
Donativos con sombrero ajeno
En mayo de 2002, a nombre de Estrella Blanca, Sánchez Alcántara donó 50 autobuses a la Fundación Vamos México, para que fueran convertidos en camiones-aula.
A partir de ese día fueron frecuentes las giras de Marta Sahagún con Sánchez Alcántara como “invitado especial” a los actos y giras de Vamos México, en los que Estrella Blanca organizaba rifas y dotaba de gorras con el logo de la empresa a los “beneficiarios” de la Fundación.
Luego vino la boda de Vicentillo –a la que los Alcántara asistieron como invitados de honor– y con ella una nueva donación, en diciembre de 2002, de otros 40 camiones, en un acto presidido por Marta Sahagún y el entonces secretario de Educación Pública, Reyez Tamez.
Los lazos se estrecharon y el entonces presidente Fox asistió incluso a algunas juntas del Consejo de Administración de Estrella Blanca y en una de ellas, pidió “chamba” para su hijo Vicentillo.
Todos estos “donativos” y prebendas a Vicente Fox y a Marta Sahagún las hizo Alcántara sin aprobación de la mayoría de los socios de la empresa.
Prueba de los malos manejos es que, de la cuenta 0447136366 de BBVA-Bancomer, que manejaba Arturo Sánchez de la Peña, los Sánchez donaron altos montos en efectivo a Vamos México.
De acuerdo con informes de la Fundación, en 2002 recibió 14 millones de pesos en donativos de Autobuses Expreso Futura S.A., y 400 mil pesos de Suministro y Limpieza de Autobuses S.A.; es decir, alrededor del 20 por ciento de los donativos en efectivo que recibió Vamos México ese año.
En 2003, Vamos México recibió 687 mil 200 pesos de Autobuses Expreso Futura, la cual donó en el 2004 unos 8 millones de pesos; y Suministro y Limpieza de Autobuses, 500 mil pesos.
Los accionistas de Estrella Blanca señalan que en ningún momento se les notificó de los montos que “donaría” el consorcio, y menos que la mayor parte de éstos se hicieran de la cuenta que supuestamente estaba destinada a pagar el adeudo con el IPAB.
Los socios señalan que en una de las últimas reuniones del Consejo de Administración que presidió Salvador Sánchez Alcántara, entre los socios mayoritarios se comentó que los adeudos al IPAB se renegociaron a un costo de 20 centavos por cada peso, es decir, que la quita que negoció Sánchez Alcántara ascendió al 80 por ciento de sus adeudos.
Para saber el monto que Sánchez Alcántara pagó al IPAB de sus adeudos se buscó, sin éxito, una entrevista con el titular del IPAB, Mario Beauregard; el presidente del Consejo de Administración del consorcio camionero, José de Jesús Mora, tampoco quiso hablar.
Simulaciones
Ante la disputa por las rutas camioneras, entre los Sánchez y el Consejo que los sucedió, los socios minoritarios aseguran que se trata de una simulación para justificar el relevo de Sánchez Alcantara por José de Jesús Mora sin que ninguno de los dos rinda cuentas claras sobre las finanzas de la empresa.
Previo a su salida del consorcio, Sánchez de la Peña destinó parte del fondo para la construcción de terminales, como la de Turistar en Acapulco, que supuestamente beneficiaría al consorcio, sin embargo, con la escisión, la familia Sánchez se quedó con Turistar y la Terminal de Autobuses de Acapulco.
De acuerdo con información de Turistar, cuyo director general es Salvador Sánchez Alcántara y el director adjunto Arturo Sánchez de la Peña, la obra costó 18 millones de pesos. Con la escisión, la obra beneficia de manera directa a esta familia, aunque las gestiones ante el gobierno de Guerrero se hicieron a nombre del corporativo.
Respecto a la denuncia de fraude, el abogado Hugo Becerra se muestra optimista y dice que el ministerio público determinó que existe el delito y reconoce a Salvador Sánchez Alcántara como responsable, así que, dice, en unas semanas podría ejercitarse acción penal contra el empresario.
Por su parte, accionistas como Everardo Quezada confían en que sin el manto protector de Marta Sahagún se hará justicia.
Expediente Fobaproa
De acuerdo con el acta constitutiva de Autobuses Estrella Blanca, por los años en que la empresa pasó su deuda al Fobaproa los hijos de Sánchez Alcántara tenían la mayor parte de las acciones de la empresa.
En 1996 Raymundo Gómez Flores, entonces accionista de Banca Cremi, dueño de Arrendadora Financiera Reforma, solicitó a Bancrecer un crédito por 854.5 millones de pesos para Estrella Blanca, de la que junto con Salvador Sánchez era socio mayoritario.
La empresa de autotransporte mantenía un adeudo histórico y aunque por sus pasivos era insolvente, el entonces director de Bancrecer, Roberto Alcántara Rojas, autorizó el préstamo del cual el consorcio camionero no pagó un solo peso.
Para marzo de 1997, el Comité Central de Crédito del Fobaproa ordenó a Banca Cremi (entonces intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) adquirir “sin descuento” los derechos de crédito de la cartera de Estrella Blanca, que era por esos mismos 854.5 millones de pesos.
Mediante esta triangulación Gómez Flores rescató su deuda con Bancrecer gracias a los estrechos vínculos que tenía con el entonces presidente del Comité Central de Crédito Fobaproa, Pedro Zamora Sánchez, su ex empleado en Arrendadora Financiera Reforma (Afresa).
El acuerdo para absorber la deuda de Estrella Blanca fue firmado el 17 de marzo de 1997 por 17 funcionarios, entre ellos Pedro Zamora Sánchez, Gilberto Martínez Serrano y Óscar Medina Mora.
La deuda se reestructuró en mayo de 1997 y los adeudos de Autobuses Estrella Blanca, Tres Estrellas de Oro, Ómnibus de Oriente, la deuda de Cuahutemoc Martínez García, miembro del Consejo de Administración de Estrella Blanca, y los adeudos personales de los hijos de Sánchez Alcántara se agruparon una sola cuenta.
La reestructuración fue de la siguiente manera:
Autobuses Estrella Blanca: 470 millones 124 mil 818 UDIS a 8 años, más 2 años de gracia, con vencimiento el 20 de agosto de 2003, y 12 por ciento de intereses.
Ómnibus de Oriente, por 2 millones 855 mil pesos se le fijó un vencimiento de 10 años.
Adeudo de Carlos Sánchez de la Peña, por más 18 millones de pesos, reestructurado a UDIS con un plazo de vencimiento al 20 de diciembre de 2003.
La deuda que Estrella Blanca trasladó al IPAB incluyó también la que triangularon Raymundo Gómez Flores y Salvador Sánchez Alcántara entre Banca Cremi, Arrendadora Financiera Reforma y Autobuses Estrella Blanca.
Los créditos obtenidos por Estrella Blanca, mediante Arrendadora Financiera Reforma, se transfirieron al Fobaproa dentro de la cartera vencida de Afresa a Banco del Atlántico –institución del gobierno federal– dentro del fideicomiso F/5089, creado apenas el 17 de julio de 1996, dentro de la intervención gerencial del Grupo Unión-Cremi por la CNBV.
La CNBV analizó la cartera vigente y vencida, así como las renovaciones de los deudores al mes de junio de 1994, tres meses antes de la intervención (5 de septiembre de 1994).
Premeditadamente, gracias a las relaciones de Gómez Flores y Sánchez Alcántara con los funcionarios de la CNBV, la cartera de Afresa fue clasificada con grado de riesgo “A”, sin riesgo de recuperación, pero el análisis determinó que era clasificación “D”, es decir, altamente irrecuperable.
En un documento elaborado por funcionarios del Comité de Recuperación del Fobaproa, que posteriormente intervinieron Banca Unión, se asienta que en los créditos de Afresa se maquillaron los riesgos en los préstamos de Estrella Blanca para otorgar los créditos sin garantía, y que se trataba de préstamos quirográficos (sin garantía), amparados sólo en un pagaré.
Dentro de los préstamos de riesgo del grupo Unión Cremi a que hace referencia el documento, hablan de alrededor de 600 millones de pesos por parte de Afresa en préstamos de Banca Cremi, Banco Unión y Arrendadora Unión, dentro de una gran cartera conocida como Grupo Afresa-Sercor-Marcos Morán.
Para la cartera del adeudos del grupo Sercor-Afresa-Marcos Morán, a través del Banco del Atlántico, el gobierno federal creó el fideicomiso de garantía F/5089, el cual quedó registrado mediante la escritura pública número 80918 de la notaría pública número 67 del Distrito Federal. En dicho fideicomiso Afresa, junto con otras 16 deudoras, entró como fideicomitente. El adeudo más alto a este fideicomiso lo aportó precisamente Estrella Blanca.
En un documento de evaluación sobre la cartera de Afresa, Carlos Guerrero Larragaña señaló que el adeudo de Estrella Blanca incluido en la cartera de Afresa era prácticamente incobrable.
Para que Banco del Atlántico adquiriera el adeudo, ilegalmente se clasificó en grado de riesgo “B”, es decir, recuperable. Sin embargo, un análisis posterior elaborado por la CNBV sobre la cartera Grupo Afresa-Sercor-Marcos Morán, reclasificó la misma cartera como tipo “D”, es decir, “con grado importante de irrecuperabilidad”.
Dentro de la cartera Afresa, Estrella Blanca trasladó a Banco del Atlántico un adeudo por 106 millones 942 mil pesos. La autorización para trasladar este adeudo se firmó el 2 de julio de 1997, mediante un convenio donde se clasificó el adeudo de Estrella Blanca con riesgo “B”, es decir, recuperable.
El acuerdo fue firmado por Héctor Flores Fierro y Fernando González Saldivar, por Banco del Atlántico; Rodolfo Mendizábal por Bancremi; en representación de Afresa, Carlos Guerrero, y como testigos Eduardo Guerrero y Aarón Bonilla.
En septiembre de 1997, como institución financiera del gobierno federal, dentro del mismo fideicomiso F/5089, Banco del Atlántico, en su figura de fiduciaria, absorbió otra parte de Arrendadora Financiera Reforma (donde fungían como fideicomisarios Banca Unión y Grupo Financiero Cremi) y en ella se incluían los préstamos a otras empresa de Grupo Estrella Blanca y los adeudos personales de los hijos de Salvador Sánchez, por 23 millones de pesos.
Dichos adeudos fueron los siguientes:
De Sendetur -la división de turismo de la empresa-, los contratos AF-2038-03-10-200793-3782, por 6 millones 850 mil pesos; AF-2038-03-10-00993-3793, por 5 millones de pesos; y el AF-2038-0304-100993-3794, por 467 mil pesos.
Dos préstamos a Francisco Cruz Helú (entonces integrante del Consejo de Administración de Estrella Blanca), contratos AF-1961-16-03-261092-3632 por 7 millones 618 mil pesos; y AF-1961-16-03-061192-3651, por 9 millones 159 mil pesos.
Dos créditos personales a René Sánchez de la Peña, contratos AF-1960-16-03-261092-3631, por 7 millones 531 mil pesos; y el AF-1960-16-03-061192-3652, por 9 millones 348 mil pesos.
De acuerdo con el convenio, firmado el 12 de septiembre de 1997, la decisión de trasladar los créditos de Afresa se tomó durante la reunión del Comité Técnico del Fideicomiso número F/5089, el 24 de marzo de 1997.
En esta operación, Banco del Atlántico pagó 23 millones de pesos a Unión Cremi, producto de los siete préstamos, por una cartera prácticamente incobrable. En el mismo documento se asienta la clasificación de la deuda. Los contratos a Sendetur están clasificados en Grado de Riesgo “C”, y los de Sánchez de la Peña y Cruz Helú, en el riesgo más alto: “D”.
La compra de esta cartera incobrable fue avalada por Héctor Flores y Fernando González por Banco del Atlántico; Gustavo Escalante por Banca Unión; Carlos Guerrero Larragaña por Arrendadora Financiera Reforma, y como testigos Eduardo Guerrero Pérez y Aarón Bonilla Sánchez.
Dentro de las “operaciones reportables”, identificadas por el informe Mackey, la estimación del 30 de junio de 1998 era que a esa fecha Autobuses Estrella Blanca adeudaba 2 mil 443 millones 310 mil 690 millones de pesos.
De acuerdo con los accionistas minoritarios de Estrella Blanca, la familia Sánchez pagó al IPAB apenas el 20 por ciento del adeudo, esto, dicen, según versiones de los propios Sánchez.
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