jueves, 18 de abril de 2024

Hacia la privatización del sector energético ecuatoriano

 La privatización del sector eléctrico tiene en los Decretos Ejecutivos No. 238 y No. 239 del mes de octubre de 2021 y el Decreto Ejecutivo No. 540 que reforma el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía, suscritos por el entonces Presidente Guillermo Lasso Mendoza, sus antecedentes más inmediatos. En los mencionados Decretos Ejecutivos se buscaba impulsar la participación del sector privado en la generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público.

A fin de que el modelo de negocios privados pueda desplegarse en el sector eléctrico, el gobierno de Guillermo Lasso puso el contador a cero en las inversiones públicas en el sector y decidió congelar la actualización y la puesta en marcha del Plan Maestro Eléctrico en cumplimiento irrestricto de las condicionalidades definidas en el Acuerdo de Financiamiento Extendido con el FMI en septiembre de 2020. Sin inversión pública, incluso para mantenimiento, el sector eléctrico colapsó en pocos meses y el país se vio obligado, a partir del mes de octubre de 2023, a programar apagones en todo el territorio nacional.

La crisis energética que emergió a fines del año 2023 fue una crisis provocada. La intención del régimen era transferir los proyectos eléctricos hacia el sector privado y empezar el proceso de privatización de la infraestructura eléctrica hacia operadores privados a través de varios mecanismos, entre ellos los de zonas francas eléctricas (por ejemplo, la reforma al Art. 33 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía, contenida en el Art. 10 del Decreto Ejecutivo No. 540, de agosto de 2023), la desregulación por la desinstitucionalización del sector eléctrico, entre otros. Sin embargo, el poco margen de maniobra del gobierno y la muerte cruzada pusieron en stand by los intentos de privatización del sector eléctrico.

En sociedades en donde la generación, transmisión y distribución de energía está en manos de operadores privados, los costos de tarifas Kw/hora son altas y absorben buena parte de los ingresos de las familias y de las empresas. Uno de los casos emblemáticos corresponde a España y las diferentes empresas privadas que controlan el mercado de la energía. Para poder tener un monopolio absoluto de la energía en España se privatizó, incluso, la energía del sol.

Este es el escenario de sociedades que apuestan a que mecanismos de mercado resuelvan sus problemas más importantes. En el Ecuador, existe una normativa y una arquitectura que ha sido diseñada para proteger los derechos fundamentales de las personas. Por ello, el Presupuesto General del Estado contempla un Plan de Inversiones Públicas en las que consta, entre otras, toda la inversión en energías, su provisión y mantenimiento. Lamentablemente, para crear este mercado de energía fue imprescindible, de forma previa, crear su necesidad a partir de la crisis energética que, por supuesto, fue inducida.

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