Existen algunas áreas oscuras así como también puntos de conflicto en el seno de la teoría general del Estado neoliberal. En primer lugar, está el problema de cómo interpretar el poder monopolista. La competencia a menudo acaba convertida en monopolio o en oligopolio, ya que las empresas más fuertes expulsan a las más débiles. La mayoría de los teóricos del neoliberalismo no consideran problemático este aspecto (en su opinión, debería maximizar la eficiencia) con tal de que no haya barreras sustanciales a la entrada de competidores (una condición a menudo difícil de llevar a la práctica y que el Estado debe, por lo tanto, salvaguardar). El caso de los denominados «monopolios naturales» resulta más espinoso. No tiene sentido la competencia entre múltiples redes de energía eléctrica, de sistemas de tuberías para la conducción del gas, de sistemas de suministro de agua y de tratamiento de las aguas residuales, o de líneas férreas entre Washington y Boston. En estas áreas, la regulación estatal del suministro, el acceso y la fijación de precios parece ineludible. Aunque la desregulación parcial puede ser posible (permitiendo a los productores en competencia proporcionar electricidad utilizando la misma red o conducir trenes en las mismas vías, por ejemplo) las posibilidades de que aparezcan prácticas especulativas y abusivas, como demostró sobradamente la crisis de energía de California en 2002, o de irregularidades y de confusión extremas, como ha demostrado la situación de los ferrocarriles británicos, son muy reales. El segundo gran ámbito de controversia es el relativo a los fallos del mercado. Éstos se producen cuando los individuos y las compañías eluden asumir la totalidad de los costes imputables a su actividad, eludiendo sus responsabilidades al no permitir que el mercado valore su incidencia mediante el sistema de precios resultante (estas responsabilidades son, en lenguaje técnico, “externalizadas”). El tema clásico para abordar este problema es la contaminación, puesto que los individuos y las compañías eluden los costes vertiendo gratis sus residuos tóxicos en el medio ambiente. Como resultado de su actuación, puede producirse la destrucción o degradación de ecosistemas productivos. La exposición a sustancias peligrosas o a peligros físicos en los centros de trabajo puede afectar a la salud de los seres humanos e incluso reducir la reserva de trabajadores sanos que constituyen la fuerza de trabajo. Aunque los defensores del neoliberalismo admiten la existencia del problema y algunos aceptan la necesidad de una limitada intervención estatal, otros defienden la inacción porque el remedio será casi con toda seguridad peor que la enfermedad. Sin embargo, la mayoría estaría de acuerdo en que, de haber intervenciones, éstas deben operar a través de los mecanismos del mercado (mediante cargas o incentivos fiscales, la comercialización de los derechos de contaminación, y otras medidas similares). Los fallos de la competencia son tratados de una forma similar. A medida que proliferan las relaciones contractuales y la subcontratación puede incurrirse en un incremento de los costes de transacción. El gran aparato de la especulación de divisas, por tomar sólo un ejemplo, se presenta como algo cada vez más costoso a la vez que se vuelve progresivamente más fundamental para capturar beneficios especulativos. Igualmente, emergen otros problemas si, por ejemplo, todos los hospitales en mutua competencia de una misma región compran el mismo sofisticado equipo que permanece infrautilizado provocando, de este modo, un aumento de los costes agregados. En este sentido, la defensa de la contención del gasto mediante la planificación, la regulación y la coordinación vinculante por parte del Estado es contundente, pero de nuevo los neoliberales se muestran profundamente desconfiados hacia este tipo de intervenciones.

Shoshana Zuboff