El gobierno de los Estados Unidos estaba profundamente preocupado por lo que llamaron “la filosofía del nuevo nacionalismo” que estaba extendiéndose por toda Latinoamérica, “abarcando políticas diseñadas para provocar una más amplia distribución de los bienes y para elevar el nivel de vida de las masas [sobre el principio de que] los primeros beneficiarios de los recursos de un país deben ser la gente de ese país”. Esto es lo que se conoce como nacionalismo radical o nacionalismo económico en los documentos del Estado y, por supuesto, era considerado inaceptable. Los principales beneficiarios de los recursos de un país se supone que han de ser los inversores de los Estados Unidos, sus homólogos de cualquier otro sitio y los socios locales que trabajan en su propia tierra para asegurar que todo funciona bien. Pues bien, las relaciones de poder prevalecieron. Los Estados Unidos impusieron lo que se llamó una carta económica para las Américas, cuya principal tesis fue que era necesario acabar con los nacionalismos económicos “en todas sus formas”. En la cruel y sangrienta historia del siguiente medio siglo, esta tesis permaneció como uno de los temas centrales, reiterada constantemente en los documentos internos de planificación y demostrada sobre el terreno de maneras que no es necesario comentar. Estos conflictos continúan —hoy en día están muy vivos— pero en el marco de una forma de “globalización”, como se le llama, una forma específica que está creada principalmente para servir a los intereses de los primeros beneficiarios: las corporaciones trasnacionales, las instituciones financieras —pero no a la gente de la región, por supuesto.