El voto no viene en la bolsa

Hay una idea que circula con una comodidad extraordinaria en la política mexicana: si un gobierno entrega dinero a la gente, esa gente le debe entregar su voto.

Es una idea sencilla, casi infantil. Tiene la misma lógica de un niño que le presta su juguete a otro y luego se indigna porque el otro no quiso jugar con él.

—Te di dinero.

—Sí.

—Entonces tienes que votar por mí.

—No necesariamente.

Y aquí empieza el problema.

Los programas sociales sí pueden producir beneficios electorales. La evidencia académica no permite despachar el asunto con un “eso no influye en nada”. En México, por ejemplo, un experimento relacionado con Progresa encontró que la incorporación temprana al programa aumentó la participación electoral y el voto por el partido gobernante en 2000. 

Pero hay una diferencia gigantesca entre decir “puede influir” y decir “garantiza la elección”.

La primera afirmación es política.

La segunda es fantasía.

Porque si el dinero público comprara automáticamente votos, América Latina habría descubierto hace décadas la fórmula definitiva para acabar con las elecciones competitivas:

entregar dinero antes de votar y recoger presidentes después.

Qué maravilla. No habría necesidad de campañas, debates, candidatos ni propuestas. Bastaría con una ventanilla:

“Aquí tiene su transferencia. Firme abajo. Su voto será depositado automáticamente en la urna correspondiente.”

Por desgracia para los ingenieros del clientelismo, el elector tiene la desagradable costumbre de pensar.

El PRI ya había descubierto el truco

México conoce perfectamente esta historia.

Durante décadas, el PRI desarrolló una maquinaria política que combinaba sindicatos, organizaciones territoriales, despensas, créditos, empleos públicos, obras, favores y programas sociales.

Y funcionó.

Hasta que dejó de funcionar.

El PRI perdió la Presidencia en 2000.

Volvió en 2012.

Y volvió a perder en 2018.

Por eso resulta demasiado cómodo explicar el triunfo de Morena exclusivamente mediante los programas sociales.

López Obrador no llegó a la Presidencia en 2018 después de seis años de una pensión universal diseñada por su gobierno. Llegó después de años de oposición, una crisis de credibilidad de los partidos tradicionales, el desgaste del PRI y del PAN, una campaña política prolongada y una enorme acumulación de descontento social.

Los programas sociales de la magnitud actual llegaron después.

Eso no significa que hoy no tengan importancia.

Significa algo más incómodo:

Morena no inventó el voto de los pobres y tampoco los pobres inventaron Morena.

Hay política, identidad, memoria, percepción económica, rechazo a las élites, liderazgo y experiencias personales mezclándose en la urna.

El elector no es una calculadora.

Brasil decidió hacer el experimento

Si queremos comprobar qué tan poderosa es la teoría de “te doy dinero, luego me votas”, Brasil ofrece un caso extraordinario.

Bolsa Família se convirtió en uno de los programas emblemáticos de los gobiernos de Lula. La investigación encontró efectos electorales favorables para el candidato oficialista en varias elecciones brasileñas. (FGV Professores)

Perfecto.

Entonces llegó Jair Bolsonaro.

Y Bolsonaro hizo algo políticamente bastante inteligente: no destruyó la política de transferencias.

La rebautizó y amplió mediante Auxílio Brasil. En 2022, el gobierno impulsó un aumento de las transferencias justo antes de las elecciones. (AS/COA)

Si la teoría mecánica fuera cierta, Bolsonaro habría descubierto el botón secreto:

más dinero = más votos.

Pero no ocurrió.

Lula ganó la elección de 2022.

El gobierno había aumentado las transferencias y, aun así, perdió.

La política social podía influir.

No podía ordenar el resultado.

Y ahí está la diferencia entre política social y clientelismo.

La primera dice:

“El Estado tiene una responsabilidad con usted.”

El segundo dice:

“Yo tengo una responsabilidad con usted; recuerde quién se la dio.”

La primera construye ciudadanía.

La segunda construye dependencia.

Y México ofrece otra ironía

Hay algo todavía más interesante.

Cuando Morena convirtió varios programas sociales en políticas de enorme alcance, la oposición descubrió que ya no podía decir tranquilamente:

“Cuando lleguemos, los vamos a quitar.”

Porque electoralmente sería un suicidio.

En 2024, incluso los candidatos opositores prometieron mantener o ampliar programas sociales. La pensión para adultos mayores había dejado de ser simplemente “el programa de López Obrador” y comenzaba a convertirse en algo políticamente mucho más difícil de desmontar: una expectativa ciudadana.

Y eso es exactamente lo que debería ocurrir.

Porque una política social madura debería terminar de esta manera:

nadie sabe quién la inventó, pero todos saben que tiene derecho a ella.

Ese es el momento en que el programa deja de pertenecerle al partido.

Y comienza a pertenecerle al ciudadano.

La trampa del agradecimiento

Aquí aparece un fenómeno psicológico mucho más interesante.

Imaginemos a una persona que recibe una pensión.

Puede pensar:

“Gracias al gobierno puedo pagar mis medicinas.”

Perfectamente legítimo.

Pero también puede pensar:

“El gobierno me dio mi pensión, así que tengo que votar por él.”

Ahí aparece el problema.

Porque un derecho convertido en favor produce gratitud; un derecho reconocido como derecho produce ciudadanía.

Y hay una diferencia política enorme entre ambas cosas.

Si mañana un gobierno construye una carretera y después dice:

“Recuerden quién les construyó la carretera.”

uno podría responder:

“Sí, la construiste con mis impuestos.”

Con los programas sociales ocurre exactamente lo mismo.

No es dinero privado del presidente.

No sale de su cartera.

No es una transferencia personal de Claudia Sheinbaum, López Obrador, Felipe Calderón, Peña Nieto o cualquier otro gobernante.

Es dinero público.

El gobierno administra recursos que pertenecen a la sociedad.

Por eso resulta extraño que un político quiera convertir una política pública en una deuda moral del ciudadano.

Es como si el cajero del banco quisiera que le agradeciéramos personalmente cada vez que nos entrega nuestro propio dinero.

El elector también puede cambiar de opinión

Y aquí está la parte que los políticos suelen olvidar.

Una persona puede decir:

“Estoy muy agradecida por la pensión.”

y cinco minutos después:

“Pero estoy harto de la inseguridad.”

No existe contradicción.

También puede decir:

“El programa me ayuda muchísimo.”

y simultáneamente:

“No me gusta el gobierno.”

El voto es una especie de contabilidad emocional y racional bastante desordenada.

La gente suma unas cosas, resta otras, recuerda unas, olvida otras y, ocasionalmente, vota contra sus propios intereses aparentes porque el vecino le cae mal.

La democracia tiene esas pequeñas imperfecciones.

La investigación comparada justamente encuentra que los efectos electorales de las transferencias son reales pero heterogéneos y dependientes del contexto. No existe una fórmula universal mediante la cual entregar dinero produzca automáticamente votos para el gobierno. (Cambridge)

Incluso dentro de México, la evidencia sobre Progresa-Oportunidades-Prospera es mixta: algunos estudios encuentran efectos favorables al oficialismo, mientras otros no encuentran efectos importantes en determinadas elecciones e incluso detectan efectos negativos en 2006. (ResearchGate)

Eso debería hacernos desconfiar de las explicaciones demasiado bonitas.

El verdadero peligro

El problema no es que el Estado entregue dinero.

El problema sería que el Estado necesitara que ese dinero produjera obediencia política.

Porque entonces podríamos terminar construyendo una democracia donde el ciudadano no pregunta:

“¿Qué ha hecho el gobierno?”

sino:

“¿Qué me dio?”

Y eso tampoco es suficiente.

Un gobierno podría repartir dinero y destruir la seguridad.

Podría aumentar las transferencias y deteriorar los hospitales.

Podría incrementar las pensiones y al mismo tiempo permitir corrupción.

Podría regalar dinero y destruir empleos.

¿Y entonces qué?

¿El beneficiario tiene prohibido criticarlo porque recibe una transferencia?

Por supuesto que no.

El ciudadano no pierde su derecho a exigir un buen gobierno porque recibe una política social.

Al contrario: precisamente porque paga impuestos, vota y forma parte de la sociedad, tiene derecho a exigir ambas cosas.

La verdadera prueba

Por eso la pregunta interesante no es:

“¿Morena gana porque da apoyos?”

La pregunta más seria es:

“¿Qué ocurrirá cuando los apoyos sociales dejen de ser propiedad simbólica de Morena?”

Porque ya existe una señal importante.

La oposición también los defiende.

Y cuando todos los partidos prometen conservarlos, el ciudadano comienza a entender algo fundamental:

el apoyo no depende necesariamente de quién gobierne.

Ahí se acaba buena parte del poder clientelar.

Si mañana PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena prometieran exactamente la misma pensión, el elector tendría que decidir por otras cosas.

Seguridad.

Salud.

Educación.

Empleo.

Corrupción.

Infraestructura.

Economía.

Y, sobre todo, la vieja pregunta que los políticos detestan:

“¿Y qué hiciste con el resto del país?”

El voto no viene incluido

Los programas sociales pueden influir.

Pueden movilizar votantes.

Pueden mejorar la percepción de un gobierno.

Pueden generar gratitud.

Incluso pueden producir ventajas electorales medibles.

Pero no contienen un voto en su interior.

Una transferencia de dinero no trae pegada una boleta electoral.

Y quizá esa sea una de las cosas más sanas que puede aprender una democracia.

El Estado puede decir:

“Aquí está lo que te corresponde.”

El ciudadano puede responder:

“Gracias.”

Y después entrar a la casilla y decir:

“Ahora voy a decidir yo.”

Porque si una pensión compra un voto, tenemos un cliente.

Si una pensión garantiza un derecho y el ciudadano conserva la libertad de votar por quien quiera, tenemos algo mucho más valioso:

un ciudadano que recibe del Estado sin pertenecerle al Estado.

Y esa debería ser la verdadera transformación.

No conseguir que los pobres voten agradecidos.

Conseguir que nadie tenga que estar agradecido para poder ejercer un derecho.