Hay algo fascinante en los seres humanos: nuestra capacidad para descubrir principios morales exactamente cinco minutos después de que el enemigo hace algo.
No antes.
No cuando lo hace nuestro equipo.
No cuando lo hace el político cuya fotografía tenemos en la sala.
No cuando lo hace el gobernador que defendimos durante tres años en Facebook.
No. Justo cuando lo hace el otro.
Entonces, de pronto, aparece la indignación.
Y qué indignación.
Una indignación patriótica. Una indignación ciudadana. Una indignación administrativamente responsable.
"¡Cómo es posible que se gasten tanto dinero público en influencers!"
Excelente pregunta.
Ahora muéstrame tus publicaciones de los últimos diez años.
Porque sospecho que cuando el dinero se gastaba en artistas afines, periodistas afines, intelectuales afines, comunicadores afines, conferencistas afines, consultores afines o sobrinos afines, estabas demasiado ocupado explicando por qué aquello era una inversión estratégica para la democracia.
La indignación política es un fenómeno curioso. Funciona exactamente igual que los limpiaparabrisas de un automóvil: sólo sirve para limpiar el lado que te interesa ver.
Y así aparecen los nuevos escándalos.
Un influencer cobra cientos de miles de pesos por una conferencia.
La mitad del país grita:
—¡Corrupción!
La otra mitad responde:
—¡Es trabajo legítimo!
Lo divertido es que seis meses después intercambian los papeles.
Los mismos actores.
Las mismas frases.
Las mismas excusas.
Sólo cambia el uniforme.
Porque en realidad casi nadie está discutiendo el gasto.
Están discutiendo quién recibió el cheque.
Si el beneficiario pertenece a mi tribu, es un intelectual brillante que merece reconocimiento.
Si pertenece a la tribu rival, es un mercenario vendiendo propaganda.
El monto es irrelevante.
Lo importante es el color de la camiseta.
Y mientras todos discuten sobre la camiseta, ocurre el verdadero milagro de la política moderna: nadie pregunta si el gasto tenía sentido.
Ésa es la pregunta prohibida.
No si el conferencista es marxista.
No si es liberal.
No si es conservador.
No si tiene canal de YouTube.
No si tiene millones de seguidores.
La pregunta es:
¿Por qué el gobierno está pagando esto?
¿Quién decidió el monto?
¿Con qué criterio?
¿Qué beneficio obtuvo la ciudadanía?
Porque resulta que el dinero público tiene una característica muy incómoda: no pertenece a los políticos.
Ni a los influencers.
Ni a los partidos.
Ni a las ideologías.
Pertenece a millones de personas que jamás fueron consultadas.
Y ahí es donde la conversación deja de ser divertida.
Porque entonces descubrimos algo aterrador.
Tal vez el problema no sea el influencer.
Tal vez tampoco sea el gobierno.
Tal vez el problema sea que hemos sustituido los principios por las porras.
Nos hemos convertido en aficionados políticos.
Ya no analizamos.
Animamos.
Ya no evaluamos.
Defendemos.
Ya no pensamos.
Aplaudimos o abucheamos.
Y cuando la política se convierte en un estadio, el ciudadano deja de ser ciudadano.
Se convierte en fan.
Y un fan puede perdonar cualquier cosa.
Un ciudadano no debería.
Porque la democracia no necesita más fanáticos.
Necesita más personas capaces de hacer una pregunta extremadamente aburrida, extremadamente racional y extremadamente peligrosa:
"¿Era realmente necesario gastar ese dinero?"
Esa pregunta no tiene partido.
Por eso casi nadie quiere hacerla.
