La creencia generalizada de la administración Reagan, y mantenida todavía hoy por varios gobiernos, es que la provisión gubernamental directa debería ser reemplazada por proveedores privados de servicios, incluso cuando el gobierno financie los servicios. Por tanto, el gobierno ha aumentado masivamente la contratación de servicios militares, como algunas maniobras en las bases, de servicios judiciales, como la gestión de prisiones federales, y de servicios sociales, incluyendo la sanidad, educación y el apoyo a los ingresos. En cada una de esas áreas, las compañías privadas que contratan con el gobierno proporcionan ahora los servicios que antes eran proporcionados directamente por el gobierno. Como con la desregulación, las bajadas de impuestos y los límites al gasto del gobierno, el fenómeno de la subcontratación ha sido una estrategia de ambos partidos desde que la administración Reagan dejó la puerta abierta a esas prácticas.

 Como ha descubierto la opinión pública durante las guerras de Irak y Afganistán, los contratistas privados ahora tienen a su cargo un asombroso despliegue de actividades militares. Esta forma de contratar es peligrosa, ya que es muy dada al abuso: favoritismos en la adjudicación de los contratos, sobornos, incumplimiento de los servicios contratados, sobrefacturación, etc.

 La noción de que el suministro privado de servicios públicos será menos costoso que la provisión directa de servicios por parte del gobierno se asienta sobre una serie de ideas equivocadas. La mayor parte de los servicios en cuestión son bienes públicos, así que la falta de competencia privada es inherente. La subcontratación del gobierno equivale, por tanto, a convertir un monopolio público en uno privado, sin competencia de calidad de los servicios. La ideología de libre mercado tampoco tiene en cuenta los abusos generalizados del proceso de contratación. A menudo se seleccionan a los contratistas de manera fraudulenta como resultado de sobornos o por razones políticas a cambio de contribuciones en campaña. El Congreso paga de manera rutinaria por caros sistemas armamentísticos a los que se opone el Pentágono, porque los contratistas militares locales cuentan con el respaldo político de sus delegados en el Congreso.

Jeffrey sachs