miércoles, 5 de noviembre de 2025

 Violencia contra alcaldes en México: un fenómeno histórico magnificado políticamente


En México, la violencia contra funcionarios locales no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de un gobierno en particular. Los asesinatos de alcaldes, regidores y síndicos han ocurrido de manera sistemática durante las últimas décadas, reflejando tanto la debilidad institucional en muchos municipios como la penetración del crimen organizado en la política local. Sin embargo, la cobertura mediática y las narrativas políticas tienden a magnificar estos hechos cuando conviene a determinados intereses.

Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), su famosa “guerra contra el narcotráfico” dejó un saldo alarmante: al menos 28 alcaldes fueron asesinados. Bajo Enrique Peña Nieto (2012-2018), la violencia contra autoridades locales continuó, con alrededor de 16 a 20 alcaldes asesinados, sin contar los ataques a regidores y candidatos. En el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se han registrado al menos 18 alcaldes asesinados, más decenas de regidores y síndicos. Las cifras muestran que, aunque la violencia fluctúa, su presencia es constante y transversal a gobiernos de distintos colores políticos.

La diferencia, sin embargo, radica en cómo se perciben y se presentan estos hechos. Casos recientes como el asesinato de Carlos Manzo se convierten en símbolos de una supuesta “crisis de gobernabilidad” atribuida a la administración actual, mientras que hechos similares en sexenios anteriores reciben menor atención o son rápidamente olvidados. La narrativa de la derecha y de ciertos medios selecciona los hechos que convienen para responsabilizar a Sheinbaum o al gobierno federal, omitiendo el contexto histórico y la continuidad del fenómeno.

Este fenómeno revela un patrón más profundo: la violencia política en México es estructural, y su instrumentalización política convierte tragedias individuales en herramientas de propaganda. Comprender esta dinámica es fundamental para separar la indignación legítima por hechos violentos de la manipulación política que busca capitalizar esa indignación. La historia demuestra que la violencia contra autoridades locales no es exclusiva de un gobierno ni indica necesariamente la pérdida de gobernabilidad; más bien, evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones y combatir la impunidad que ha permitido que estos crímenes se repitan sexenio tras sexenio.

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