Violencia contra alcaldes en México: un fenómeno histórico magnificado políticamente
En
México, la violencia contra funcionarios locales no es un fenómeno
nuevo ni exclusivo de un gobierno en particular. Los asesinatos de
alcaldes, regidores y síndicos han ocurrido de manera sistemática
durante las últimas décadas, reflejando tanto la debilidad institucional
en muchos municipios como la penetración del crimen organizado en la
política local. Sin embargo, la cobertura mediática y las narrativas
políticas tienden a magnificar estos hechos cuando conviene a
determinados intereses.
Durante
el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), su famosa “guerra contra el
narcotráfico” dejó un saldo alarmante: al menos 28 alcaldes fueron
asesinados. Bajo Enrique Peña Nieto (2012-2018), la violencia contra
autoridades locales continuó, con alrededor de 16 a 20 alcaldes
asesinados, sin contar los ataques a regidores y candidatos. En el
actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se han
registrado al menos 18 alcaldes asesinados, más decenas de regidores y
síndicos. Las cifras muestran que, aunque la violencia fluctúa, su
presencia es constante y transversal a gobiernos de distintos colores
políticos.
La diferencia,
sin embargo, radica en cómo se perciben y se presentan estos hechos.
Casos recientes como el asesinato de Carlos Manzo se convierten en
símbolos de una supuesta “crisis de gobernabilidad” atribuida a la
administración actual, mientras que hechos similares en sexenios
anteriores reciben menor atención o son rápidamente olvidados. La
narrativa de la derecha y de ciertos medios selecciona los hechos que
convienen para responsabilizar a Sheinbaum o al gobierno federal,
omitiendo el contexto histórico y la continuidad del fenómeno.
Este
fenómeno revela un patrón más profundo: la violencia política en México
es estructural, y su instrumentalización política convierte tragedias
individuales en herramientas de propaganda. Comprender esta dinámica es
fundamental para separar la indignación legítima por hechos violentos de
la manipulación política que busca capitalizar esa indignación. La
historia demuestra que la violencia contra autoridades locales no es
exclusiva de un gobierno ni indica necesariamente la pérdida de
gobernabilidad; más bien, evidencia la necesidad de fortalecer las
instituciones y combatir la impunidad que ha permitido que estos
crímenes se repitan sexenio tras sexenio.
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