El Doctor Simi y la paradoja de la bata blanca:

Salud barata, médicos precarizados

Farmacias Similares se ha convertido en un símbolo de acceso popular a la medicina en México. Su fundador, Víctor González Torres, no pierde ocasión de repetir que su misión es “dar salud a millones y no hacer ricos a unos pocos”. Con precios bajos y el simpático muñeco del “Doctor Simi” bailando en cada esquina, pareciera que se trata de una historia redonda: medicamentos al alcance de todos, consultas baratas, una empresa que democratizó el acceso a la salud.

Pero bajo esa fachada de bienestar colectivo se esconde una contradicción brutal: la precarización laboral de los médicos que trabajan en las consultas anexas.

La estrategia del negocio

El modelo es claro: la consulta cuesta entre 30 y 50 pesos, un precio simbólico que atrae pacientes. El verdadero negocio no está en la atención médica, sino en la venta de medicamentos genéricos en la farmacia contigua. La consulta funciona como gancho comercial, un mecanismo para dirigir al paciente hacia la compra inmediata.

Por eso los médicos no son vistos como profesionales esenciales, sino como engranes reemplazables. Muchos cobran por paciente atendido, sin prestaciones, sin seguridad social, sin aguinaldo, sin vacaciones pagadas. El salario promedio es bajo, y la estabilidad laboral prácticamente inexistente.

La paradoja del discurso

Mientras la empresa enarbola un discurso humanista —“la salud es un derecho, no un privilegio”—, aplica hacia adentro la misma lógica que denuncia hacia afuera: maximización del beneficio a costa del bienestar de las personas. No se trata de hacer ricos a unos pocos, dice González Torres; pero sí de mantener pobres a muchos médicos que, paradójicamente, son los que sostienen el negocio.

La bata blanca del Doctor Simi es un disfraz alegre de botarga, pero para los médicos reales la bata representa largas jornadas, incertidumbre laboral y la invisibilidad de su trabajo.

Impacto social

La contradicción no es menor. En un país con déficit de médicos y con un sistema público saturado, las farmacias con consultorio han sido un alivio para millones de mexicanos que no pueden esperar semanas por una cita en el IMSS. Pero ese “acceso rápido” tiene un costo invisible: normalizar que la salud se sostenga en condiciones laborales indignas.

En términos éticos, se trata de una transferencia de la precariedad: se abaratan los medicamentos y la consulta para el paciente, pero se encarece la vida del médico que atiende.

Reflexión final

El modelo de Farmacias Similares demuestra que es posible reducir los costos de los medicamentos con eficiencia y poder de compra. Pero al mismo tiempo revela que en México se puede construir un imperio de la salud popular sobre los hombros de trabajadores sin derechos.

La gran pregunta no es si Simi vende barato, sino: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar como sociedad por esa “baratura”? Si la salud de millones depende de precarizar a quienes curan, entonces quizá no sea tan cierto que el negocio esté hecho para todos.

Esa es la clave: los médicos de los consultorios anexos a Farmacias Similares funcionan en la práctica como empleados —atienden en un local de la empresa, siguen horarios definidos, usan la bata con el logo, cumplen reglas internas, generan flujo de clientes a la farmacia— pero jurídicamente se les suele tratar como “prestadores de servicios independientes”.

Eso permite a la empresa esquivar la Ley Federal del Trabajo:

No pagan IMSS, Infonavit, aguinaldo ni vacaciones.

Les asignan contratos de “honorarios” o esquemas de pago por consulta.

Se genera la ficción de que “no trabajan para Simi, solo rentan el espacio”, cuando en realidad hay una relación laboral subordinada.

En derecho laboral mexicano, los criterios son claros: si hay subordinación, horario, lugar fijo y supervisión, hay relación de trabajo. Y si hay relación de trabajo, hay obligación legal de dar prestaciones. Lo contrario es una simulación.

La contradicción es enorme: una empresa que se presenta como campeona de la salud popular precariza a quienes encarnan esa misión, negándoles los mismos derechos que dice defender para los pacientes. Es un caso claro de “doble moral corporativa”:

Hacia afuera: discursos de justicia social y acceso universal.

Hacia adentro: explotación normalizada bajo la máscara de eficiencia.

En los hechos nada justifica que no reciban prestaciones. La empresa tiene ganancias suficientes, volumen de ventas millonario y una estructura que sí podría asumir esas cargas laborales. No hacerlo es una decisión política y económica, no una necesidad.