Anteriormente veíamos que la desigualdad en Estados Unidos ha ido aumentando drásticamente, y es probable que siga haciéndolo. Una de las razones es la creciente desigualdad de oportunidades, que en parte tiene que ver con las oportunidades en la educación. Los jóvenes y sus padres saben de la importancia de la educación, pero hemos creado un sistema donde esforzarse por conseguir una buena educación, de hecho, puede dar lugar a más desigualdad. Uno de los motivos es que, a lo largo de los últimos veinticinco años, los estados han ido recortando el apoyo a la educación superior. Este problema ha aumentado con la recesión. Otro motivo es que los aspirantes a estudiantes están cada vez más endeudados. La ley de quiebras de 2005 hizo imposible que pudieran cancelar sus deudas por estudios incluso en caso de bancarrota personal. Eso anula cualquier incentivo que puedan tener los bancos, y los centros educativos con ánimo de lucro con los que trabajan, de proporcionar una educación que acabe teniendo un rendimiento económico[. Aunque la educación carezca de valor, el prestatario no se libra de pagar. Y en el caso de muchos estudiantes, su educación a menudo carece prácticamente de valor. Aproximadamente el 80 por ciento de los estudiantes no se licencia, y la verdadera recompensa económica de la educación llega exclusivamente una vez finalizados los estudios —y aun así es posible que no se materialice—. Pero en esta conspiración entre los centros educativos con ánimo de lucro (muchos de ellos, en mayor o menor medida, son propiedad de empresas de Wall Street) y los bancos con ánimo de lucro, no hay nadie que prevenga a los estudiantes. En vez de «satisfacción garantizada, o le devolvemos su dinero», la realidad es «la insatisfacción está casi garantizada, pero usted tendrá que cargar con esas deudas durante el resto de su vida». Ni los centros ni los prestamistas dicen: «Es casi seguro que usted no va a conseguir un buen empleo, del tipo con el que usted sueña. Nosotros nos aprovechamos de sus sueños; no cumplimos nuestra promesa». Cuando el gobierno propuso unos estándares —los centros cumplirían los requisitos para obtener créditos respaldados por el gobierno únicamente si tenían una adecuada tasa de culminación de estudios y un suficiente índice de satisfacción de los alumnos, y si por lo menos un número mínimo de estudiantes conseguían los empleos que se les prometía—, los centros y los bancos contraatacaron, con bastante éxito. No se trataba de que el gobierno estuviera intentando regular una industria privada que aparentemente funcionaba bien por sí sola (aunque, en parte, a base de aprovecharse de los pobres y de los peor informados). Los centros educativos con ánimo de lucro existían en gran medida debido al gobierno federal. Los centros con ánimo de lucro de la industria de la educación, que factura 30.000 millones de dólares al año, reciben hasta un 90 por ciento de sus ingresos de los programas federales de créditos a los estudiantes y de las ayudas del gobierno central. Estaban beneficiándose de los más de 26.000 millones de dólares que recibían del gobierno federal; era una cantidad lo suficientemente grande como para que valiera la pena invertir fuertes sumas en lobbys y en contribuciones a las campañas electorales, a fin de asegurarse de que nadie les exigiría que rindieran cuentas. En el caso de los créditos a los estudiantes, los bancos consiguieron durante años sacar beneficios casi sin riesgo: en muchos casos, el gobierno avalaba los créditos; en otros, el hecho de que los créditos nunca puedan cancelarse —son a prueba de quiebras— los hace más seguros que cualquier otro tipo de crédito a individuos de características similares. Y sin embargo, el tipo de interés que se cobraba a los estudiantes era totalmente desproporcionado a dichos riesgos: los bancos han utilizado los programas de créditos estudiantiles (sobre todo los que tienen un aval del gobierno) como una fuente fácil de dinero —tanto es así que cuando el gobierno finalmente recortó el programa en 2010, tanto el gobierno como los estudiantes consiguieron ahorrarse decenas de miles de millones de dólares que anteriormente iban a parar a los bancos—