Lo irónico es que los defensores de la privatización (traspasar al sector privado empresas anteriormente gestionadas por el sector público) y la liberalización (reducir al mínimo la normativa) durante mucho tiempo han alegado que ese tipo de políticas son necesarias para poner coto a la búsqueda de rentas. Apuntan a la corrupción en el sector público, pero muy raramente reconocen que por cada empleado del sector público que acepta un soborno hay un sobornador, y ese sobornador habitualmente es privado. El sector privado está involucrado de lleno en la corrupción. Y lo que es peor, en un sentido básico, la agenda de la privatización y la liberalización en sí misma se ha corrompido: ha cosechado cuantiosas rentas a quienes han utilizado su influencia política para impulsarla. Por todo el mundo, son legión los ejemplos de privatizaciones fallidas, desde las carreteras en México hasta los ferrocarriles en el Reino Unido.