Ya he descrito cómo los bancos intentaron aprovecharse de los simples propietarios de viviendas en el mercado de las hipotecas. Pero también intentaron aprovecharse de la gente con más experiencia financiera. La SEC (la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, encargada de aplicar las leyes federales sobre valores) ha adoptado en reiteradas ocasiones medidas de aplicación del derecho civil contra Citibank y otros importantes bancos por infringir las leyes contra el fraude. Lo que ocurre después normalmente sigue este camino: los bancos amenazan con una batalla jurídica interminable. A continuación se llega a un compromiso: los bancos pagan una fuerte multa, sin admitir ni negar su culpabilidad. Además, prometen no volver a hacer nada parecido. Pero nada más prometerlo, vuelven a dedicarse a conductas similares. Entonces vuelven a llevarse otra regañina y otra multa que pueden pagar fácilmente. Es una solución cómoda: el gobierno tiene unos recursos limitados para llevar adelante sus litigios y hay muchos casos de fraude. Tras llegar a un acuerdo extrajudicial en uno de ellos, el gobierno puede pasar a enfrentarse a otro. El sistema también le resulta cómodo a los bancos: el coste es reducido, en relación con los beneficios que cosechan con sus conductas fraudulentas, y, de haber admitido su culpabilidad, podría haberse utilizado esa prueba contra ellos en las demandas privadas interpuestas por los damnificados por el fraude que intentaran recuperar lo que han perdido. Los bancos saben que la mayoría de sus víctimas no tienen los recursos legales suficientes como para enfrentarse a ellos sin la ayuda del gobierno. Nadie puede afirmar que se hace justicia de verdad con este sistema. Un sistema económico donde existe una pauta de semejantes abusos no puede funcionar bien: el fraude distorsiona la economía y socava la confianza.