Eso dio lugar a un giro inesperado de la vieja doctrina de «demasiado grande para quebrar». Los grandes bancos sabían que eran tan grandes que si perdían en sus apuestas de préstamos arriesgados habría que rescatarlos. También sabían que eran tan grandes que, aunque los descubrieran mintiendo, eran demasiado poderosos para tener que rendir cuentas. ¿Qué podía hacer el gobierno? ¿Anular los millones de desahucios que ya se habían ejecutado? ¿Multar a los bancos con miles de millones de dólares, como habrían tenido que hacer las autoridades? Pero eso habría vuelto a poner a los bancos en una situación precaria y habría exigido otro rescate del gobierno, para el que este no tenía ni el dinero ni la voluntad política suficientes. Normalmente, mentir a un tribunal es un asunto muy grave. Mentir a los tribunales de forma continuada, cientos de veces, tendría que haber sido un delito aún mayor. Había una verdadera pauta criminal. Si las grandes empresas hubieran sido personas físicas, en un estado que aplicara la norma de los «tres strikes» (a la tercera condena, aunque sea por hurto en una tienda, el acusado es condenado a cadena perpetua), esos delincuentes reincidentes habrían sido condenados a varias cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. En realidad, ningún directivo de un banco ha ido a la cárcel por esos delitos. De hecho, en el momento de escribir este libro, ni el fiscal general, Eric Holder, ni ninguno de los demás fiscales de distrito de Estados Unidos han presentado demandas por fraude en los desahucios. En cambio, a consecuencia de la crisis de las cajas de ahorro, hasta 1990 el Departamento de Justicia había tramitado 7.000 expedientes criminales, que en 1992 dieron lugar a 1.100 inculpaciones y a 839 condenas (de las que aproximadamente 650 fueron penas de prisión). Hoy, los bancos simplemente están negociando qué multas tendrán que pagar, y en algunos casos es posible que estas sean de una cuantía menor que los beneficios que cosecharon los bancos con sus actividades ilícitas.