En 2005, justo cuando empezaba el boom de las hipotecas de alto riesgo, el Congreso aprobó una nueva ley de quiebras favorable a los acreedores, que daba aún más predominio a los bancos y hacía más difícil que los prestatarios en apuros pudieran cancelar sus deudas. El cambio en la ley introducía un sistema de «servidumbre parcial de trabajo». Se podía obligar a un individuo que tuviera unas deudas equivalentes, por ejemplo, al 100 por ciento de sus ingresos, a entregarle al banco el 25 por ciento de sus ingresos brutos, antes de impuestos, durante el resto de su vida. Eso sucedía porque el banco podía sumarle, pongamos, un 30 por ciento de intereses cada año a lo que debía esa persona. Al final, el titular de una hipoteca acababa debiendo mucho más de lo que el banco le prestó en su día. A todos los efectos, el deudor acabaría trabajando la cuarta parte de su tiempo para el banco