La noción de flexibilidad no se restringe a las relaciones laborales. Su apoteosis generalizada se reclama de la mano de otro vocablo muy querido para el statu quo en movimiento: autorregulación .

 La exigencia de potestad para autorregularse requiere un razonamiento previo que abomina de las leyes y las convierte en «trabas», «constricciones», «impedimentos»… a la libertad, por supuesto. Esto es una tontería supina, aunque se presente como un discurso coherente, ya que la esencia de cualquier regulación es poner límites.

 Hasta la norma más inocente, la que obliga a los coches a esperar que el semáforo se ponga verde, conlleva una restricción, aunque a nadie se le ocurre hablar de los semáforos como una amenaza para la libertad de movimiento. 

Se entiende que las normas son necesarias para regular la convivencia y conjugar los intereses, a menudo opuestos, de los distintos grupos sociales, como pueden ser los de los peatones y los conductores. De tal modo que cuando alguien se salta un semáforo, no elabora discursos grandilocuentes sobre su libertad de movimientos. Lo hace y punto. Cuando le sorprenden, paga una multa. Si los conductores se erigieran en grupo de presión y consiguieran autorregularse, parece obvio que colocarían algunos semáforos allí donde no les molestaran, con el menor tiempo posible para el cruce de los peatones; y éstos quedarían bajo el dominio de normas impuestas por una sola parte, obligados a dar mil rodeos o cruzar jugándose la vida.

 Con el discurso de la autorregulación, las corporaciones solicitan que se les permita detenerse en semáforos cómodamente colocados por ellas allí donde no estorban. Desconfían del Estado porque, en su intento de armonizar los intereses de toda la sociedad, puede obligarles a detenerse más a menudo y durante más tiempo, lo cual es sin duda un grave perjuicio, no para la libertad en general, sino para la suya en concreto.

 La autorregulación se reivindica sobre todo en materias novedosas que responden a un cambio en la sensibilidad social. 

Empezaron pidiéndola, por ejemplo, las tabaqueras en lo relativo a restringir su publicidad para no incitar a los menores a fumar. El paso de los años demostró que la responsabilidad de las grandes compañías siempre es menor que su ansia de beneficios y las limitaciones acabaron imponiéndose por ley, pero ganaron unos años de lucro. 

Con los asuntos medioambientales ocurre algo semejante, como ilustra el caso recogido por Susan George en El informe Lugano . En los días previos a la Cumbre de Río del año 1992 el World Business Council for Sustainable Development, que agrupa a docenas de corporaciones transnacionales supuestamente partidarias del desarrollo sostenible, realizó un exhaustivo trabajo con el secretariado de la Cumbre. Su objetivo era impedir que se aprobara un Código de Conducta para las empresas, ya fuera vinculante o no, en materia medioambiental.

 Prometieron autorregularse, presionaron para que se les liberara de las normas y así lograron que la Agenda 21 no contuviera obligación alguna para ellas. 

«Tácitamente se reconocía que las corporaciones transnacionales deberían autorregularse individualmente», como afirma George.  Así camparon a sus anchas unos años más, hasta que se aprobaron otros tratados, como el Protocolo de Kioto en 1997.

Irene Lozano