La pregunta prohibida: ¿quién merece el dinero público?

Hay una curiosa regla no escrita en la política moderna: algunas preguntas son perfectamente legítimas hasta que apuntan hacia las personas equivocadas.

Cuando un periodista pregunta por qué el gobierno destina miles de millones de pesos a determinados programas, se le llama fiscalizador. Cuando pregunta por qué ciertos medios reciben millones en publicidad oficial, de pronto se convierte en sospechoso.

La reciente polémica entre Vicente Serrano y Azucena Uresti ilustra un fenómeno mucho más interesante que la disputa entre dos comunicadores. Lo verdaderamente revelador no es quién dijo qué, sino la forma en que se respondió.

La pregunta original era sencilla:

¿Por qué determinados medios reciben recursos públicos mientras otros quedan excluidos?

Podemos estar de acuerdo o no con la pregunta. Podemos incluso considerar que la respuesta es evidente. Pero una pregunta merece una respuesta.

Sin embargo, en lugar de responder con cifras, criterios o argumentos, la conversación se desplazó hacia otro terreno.

—Tú lo que quieres es dinero.

—Eres un limosnero.

Y así, en cuestión de segundos, la discusión dejó de tratar sobre el uso de recursos públicos y comenzó a tratar sobre la personalidad de quien formuló la pregunta.

Es una maniobra tan antigua como efectiva.

Cuando no quieres discutir una idea, discutes las intenciones de quien la propone.

No se responde al argumento; se examina al mensajero.

No se debate el contenido; se cuestionan las motivaciones.

Lo curioso es que la acusación resulta extraña cuando se aplica exclusivamente a unos actores y no a otros.

Porque si recibir dinero público convierte automáticamente a alguien en sospechoso de interés económico, la misma sospecha debería extenderse a todos los participantes del sistema.

A los grandes consorcios televisivos.

A las cadenas de radio.

A los periódicos nacionales.

A las plataformas digitales.

A los youtubers.

A cualquiera que obtenga ingresos provenientes del presupuesto público.

Sin embargo, la indignación parece aparecer selectivamente.

Cuando un medio tradicional recibe publicidad oficial, suele considerarse una operación comercial normal.

Cuando un medio independiente plantea que existe una distribución desigual, algunos responden como si hubiera cometido una falta moral.

La pregunta entonces deja de ser económica para convertirse en política.

¿Quién tiene derecho a recibir recursos públicos y quién no?

Más aún:

¿Quién tiene derecho siquiera a preguntar por esos recursos?

La situación se vuelve todavía más interesante cuando el acusado responde que está dispuesto a renunciar a cualquier publicidad oficial para su propio medio.

En teoría, eso debería resolver la objeción principal.

Si el problema era el supuesto interés económico, la renuncia elimina el incentivo.

Pero ocurre algo revelador: la discusión rara vez termina ahí.

Porque quizá el problema nunca fue el dinero.

Quizá el problema era la pregunta.

Y las preguntas incómodas suelen ser peligrosas.

No porque destruyan gobiernos.

No porque cambien el mundo.

Sino porque obligan a justificar privilegios que durante mucho tiempo se consideraron naturales.

Al final, la cuestión fundamental no es si Serrano tiene razón.

Tampoco si Azucena tiene razón.

La cuestión es mucho más simple.

¿Debe existir publicidad oficial?

Y si existe, ¿con qué criterios se reparte?

¿Quién los establece?

¿Quién los supervisa?

¿Dónde pueden consultarse?

¿Cómo se garantiza que no sea un premio para amigos ni un castigo para adversarios?

Esas preguntas no pertenecen a la izquierda ni a la derecha.

Pertenecen a cualquier ciudadano que entienda que el dinero público no es propiedad del gobierno, sino de la sociedad.

Por eso resulta llamativo que, cada vez que alguien formula una de estas preguntas, aparezcan respuestas sobre su carácter, sus ambiciones o sus intenciones.

Porque cuando una idea provoca ataques personales en lugar de argumentos, suele ser una señal de que la discusión importante está ocurriendo en otra parte.

Y quizá la verdadera pregunta prohibida no sea quién quiere el dinero.

Quizá la verdadera pregunta prohibida sea quién decide quién lo recibe.

Este ensayo también podría reescribirse en formato más satírico, al estilo George Carlin o tu serie "Nadie me preguntó, pero...", donde la ironía sea mucho más mordaz y apunte al doble rasero de los medios y del poder.