Cuando el dinero descubre que la ley es opcional

Hay una frase atribuida a Cornelius Vanderbilt que debería estar grabada sobre la entrada de muchas oficinas de grandes empresarios:

> «¿Y a mí qué me importa la ley? ¿Acaso no tengo yo el poder?»



Qué pregunta tan encantadora.

Tiene la delicadeza de una patada en la puerta.

Vanderbilt había entendido algo que los libros de educación cívica suelen explicar de una manera mucho más elegante: la ley puede decir que todos somos iguales, pero el dinero puede comprar un asiento en primera fila para comprobar hasta qué punto eso es cierto.

Porque nosotros, los ciudadanos comunes, tenemos una relación bastante peculiar con la ley.

La conocemos aproximadamente como conocemos las reglas de un deporte que no practicamos.

Sabemos que existe.

Sabemos que puede castigarnos.

Y sabemos que, si nos estacionamos cinco minutos donde no debemos, aparecerá alguien dispuesto a demostrarnos que el Estado funciona perfectamente.

Con el poderoso ocurre algo distinto.

El poderoso puede llamar a un abogado.

El abogado puede llamar a otro abogado.

El segundo abogado puede conocer a un funcionario.

El funcionario puede conocer a un diputado.

El diputado puede conocer a un gobernador.

El gobernador puede conocer al presidente.

Y de pronto la ley, que para nosotros era una pared, se ha convertido en una puerta giratoria.

Bienvenidos a América Latina

América Latina inventó una maravillosa contradicción política.

Tenemos repúblicas.

Tenemos constituciones.

Tenemos congresos.

Tenemos elecciones.

Tenemos tribunales.

Tenemos discursos sobre igualdad.

Y, simultáneamente, tenemos élites económicas que durante generaciones han descubierto que algunas leyes son mucho más flexibles cuando uno tiene suficiente dinero.

No todas.

Por supuesto.

Hay leyes extraordinariamente rígidas.

Por ejemplo, si usted roba un teléfono en el transporte público, descubrirá que el Estado posee una firme convicción sobre la propiedad privada.

Pero si una estructura empresarial encuentra una manera legalmente creativa de trasladar millones de dólares a otra jurisdicción, entonces aparecen palabras mucho más bonitas:

planeación fiscal.

Qué hermoso.

El pobre evade impuestos.

El rico hace ingeniería fiscal.

El pobre tiene deudas.

El rico tiene apalancamiento.

El pobre recibe dinero.

El rico recibe capital.

El pobre tiene influencias.

El rico tiene relaciones institucionales.

El pobre es corrupto.

El rico tiene lobby.

El idioma también sabe quién manda.

El problema no es que existan ricos

Conviene hacer una distinción.

El problema no es que alguien tenga una fortuna.

Una sociedad puede enriquecerse y producir empresarios extraordinariamente exitosos sin que eso constituya una tragedia.

El problema aparece cuando la riqueza económica se transforma en capacidad para determinar las reglas que regulan esa misma riqueza.

Ahí tenemos un pequeño problema circular.

El empresario posee suficiente dinero para influir políticamente.

Influye políticamente para conseguir determinadas reglas.

Las nuevas reglas favorecen sus negocios.

Los negocios producen más dinero.

Con ese dinero obtiene más influencia.

Y con más influencia puede conseguir mejores reglas.

Es un hermoso mecanismo.

Para el propietario.

Para el resto de nosotros es un poco menos emocionante.

El oligarca no necesita gobernar

Ésta es quizá la parte más interesante.

Un oligarca moderno no necesita ponerse una corona.

No necesita entrar al palacio presidencial.

Ni siquiera necesita presentarse a elecciones.

Puede ser mucho más cómodo.

Puede financiar candidatos.

Puede tener medios de comunicación.

Puede controlar sectores estratégicos.

Puede contratar ejércitos de abogados y especialistas.

Puede sentarse a cenar con quienes redactan las leyes.

Puede tener acceso directo a ministros.

Puede poseer periódicos que deciden qué escándalo merece tres días de portada y cuál merece desaparecer antes del desayuno.

Y entonces sucede algo fascinante.

El poder político comienza a escuchar con mayor atención a quienes poseen poder económico.

No porque exista necesariamente una conspiración secreta.

Ni porque todos los políticos sean comprados.

Es algo mucho más aburrido.

Los intereses organizados tienen más capacidad para hacerse escuchar que millones de ciudadanos dispersos.

El ciudadano tiene una opinión.

El gran capital tiene abogados.

Y abogados.

Y economistas.

Y asesores.

Y relaciones públicas.

Y expertos.

Y tiempo.

El ciudadano trabaja ocho horas.

El otro lado trabaja ocho horas para decidir cómo conseguir que las próximas ocho horas de trabajo produzcan más dinero.

La democracia puede convertirse en una sala de espera

Éste es el verdadero peligro.

No que mañana aparezca un dictador con uniforme.

Eso sería demasiado evidente.

El peligro puede ser mucho más elegante.

Que conservemos todas las instituciones democráticas mientras el poder real se concentra progresivamente.

Tenemos elecciones.

Pero determinados intereses financian campañas.

Tenemos libertad de prensa.

Pero determinados grupos poseen enormes conglomerados mediáticos.

Tenemos competencia económica.

Pero determinados sectores terminan dominados por unos cuantos actores.

Tenemos igualdad jurídica.

Pero algunos pueden pagar veinte abogados mientras otros esperan meses para conseguir un defensor.

Tenemos ciudadanía.

Pero no todos tienen la misma capacidad para convertir sus intereses en decisiones públicas.

Y entonces ocurre algo extraordinario:

la democracia sigue funcionando formalmente mientras se va vaciando materialmente.

Las urnas están.

Los discursos están.

Los himnos están.

La bandera ondea perfectamente.

Sólo falta una pequeña cosa:

que el ciudadano común tenga un poder comparable al de quienes pueden comprar acceso, influencia y tiempo.

Vanderbilt entendió el truco

Por eso aquella frase resulta tan reveladora.

«¿Acaso no tengo yo el poder?»

No pregunta si tiene razón.

No pregunta si la ley es justa.

No pregunta qué quiere la mayoría.

Pregunta si tiene poder.

Porque quien posee suficiente poder puede empezar a confundir tres conceptos:

lo legal, lo legítimo y lo posible.

Y son cosas diferentes.

Algo puede ser posible y no ser legal.

Puede ser legal y no ser legítimo.

Y puede ser legal y legítimo sin ser moralmente admirable.

La historia latinoamericana está llena de hombres que confundieron esas categorías.

Terratenientes.

Empresarios.

Militares.

Presidentes.

Banqueros.

Familias económicas.

Caudillos.

Y, más recientemente, multimillonarios que descubrieron que la política también puede ser un excelente instrumento de inversión.

El viejo aristócrata necesitaba una espada.

El oligarca moderno puede necesitar únicamente una buena agenda telefónica.

El ciudadano tiene una última defensa

Por eso el Estado de derecho importa tanto.

No porque la ley sea sagrada.

La ley puede ser injusta y debe poder cambiarse.

Sino porque sin límites al poder, la política termina convirtiéndose en una subasta.

Y en una subasta, normalmente gana quien tiene más dinero.

La pregunta verdaderamente democrática no es:

«¿Quién tiene el poder?»

Eso es fácil.

La pregunta difícil es:

«¿Quién puede ponerle límites?»

Porque mientras alguien pueda responder:

«Yo tengo suficiente dinero para que la ley no importe»,

la república puede seguir celebrando elecciones, inaugurando congresos y pronunciando discursos sobre igualdad.

Pero debajo del escenario habrá una verdad bastante menos solemne.

La ley estará mirando al poder.

Y el poder estará mirando la ley.

Y quizá esté sonriendo.

Porque ya descubrió algo que Vanderbilt comprendió hace casi dos siglos:

las leyes pueden decir que todos somos iguales.

El poder empieza preguntando cuánto cuesta demostrar que no lo somos.