La revolución del celular ajeno

Hay una nueva forma de resistencia política que
consiste en decirle a la gente: «No hagas el trámite. Deja que te suspendan el teléfono».

Qué maravilla.

La revolución finalmente ha llegado al siglo XXI: antes había que tomar una fábrica, organizar una huelga o enfrentarse a un ejército. Ahora basta con perder la señal del celular y hacer fila en un centro de atención.

Y, naturalmente, quien propone la hazaña probablemente no está pensando demasiado en qué ocurre después.

Porque hay algo extraordinariamente democrático en decirle a un ciudadano que depende de un teléfono barato para trabajar:

—No lo registres.

—¿Y si me lo suspenden?

—¡Resiste!

—¿Y cómo voy a trabajar?

—Eso ya es un problema del capitalismo.

—¿Y cómo voy a recibir el código de mi banco?

—¡No traiciones la revolución!

La política tiene esa maravillosa capacidad de convertir el inconveniente personal de alguien más en virtud moral propia.

El ciudadano paranoico de las redes sociales

Pero aquí aparece una contradicción todavía más divertida.

Hay personas aterrorizadas porque el gobierno pueda saber quién utiliza determinada línea telefónica.

—¡Quieren saber quién soy!

Y cinco minutos después publican:

«Aquí desayunando con mi esposa en el café de siempre, luego voy al gimnasio, después pasaré por mi mamá y en la noche estaré viendo el partido.»

Con fotografías.

Con ubicación.

Con la cara perfectamente visible.

Y, por supuesto, acompañado de:

«Aquí pueden ver mi nueva casa, mi automóvil, mi perro, mi trabajo, mis hijos, mi restaurante favorito y el nombre de mi escuela.»

Pero cuidado con registrar el teléfono.

Eso sí sería una invasión terrible de la privacidad.

Es como colocar cortinas en las ventanas mientras transmites tu vida completa por televisión.

La gente dice:

—No quiero que sepan quién soy.

Amigo, llevas diez años diciéndole a internet quién eres.

Facebook sabe dónde celebraste tu cumpleaños. Instagram sabe dónde cenas. Google sabe qué buscas. TikTok sabe qué te mantiene mirando durante tres horas. Tu banco sabe qué compras. Tu supermercado sabe qué comes. Tu aplicación de ejercicio sabe cuánto corres.

Y tú:

—¡Pero ahora quieren vincular mi teléfono con mi identidad!

¡EL ESTADO HA CRUZADO LA LÍNEA!

¿La línea?

¿Cuál línea?

¿La que aparece debajo de las fotografías de tu última borrachera?

La privacidad es importante, pero no confundamos las cosas

Ahora bien, aquí viene la parte incómoda.

Que mucha gente exponga voluntariamente su vida en internet no significa que la privacidad deje de importar.

Al contrario.

Hay una diferencia fundamental entre entregar voluntariamente información a una empresa a cambio de utilizar un servicio y que el Estado establezca mecanismos obligatorios para identificar a los usuarios de telecomunicaciones.

La privacidad no debería defenderse solamente cuando nos conviene políticamente.

Y tampoco debería convertirse en una palabra mágica que permite evitar cualquier discusión sobre seguridad, regulación o responsabilidad.

Podemos discutir legítimamente:

¿Qué información debe conservarse?

¿Quién puede acceder a ella?

¿Durante cuánto tiempo?

¿Con qué orden judicial?

¿Qué mecanismos existen para evitar filtraciones?

¿Qué sucede si esa información termina en manos criminales?

Esas son preguntas serias.

Pero decir:

«No registres tu línea y deja que te la suspendan»

no es una respuesta a ninguna de ellas.

Es una estrategia de protesta.

Y como estrategia de protesta hay que preguntarse algo muy sencillo:

¿Quién paga el costo?

La curiosa economía del sacrificio ajeno

Porque los sacrificios políticos tienen una característica maravillosa:

casi siempre son más baratos cuando los hace otro.

Es muy sencillo decir:

—¡Que nadie registre su teléfono!

cuando tú tienes Wi-Fi, computadora, teléfono de trabajo, otra línea, cinco aplicaciones de mensajería y quizá hasta secretaria.

Pero pregúntale al vendedor ambulante que utiliza WhatsApp para recibir pedidos.

Al trabajador que consigue clientes por teléfono.

A la persona que depende de su celular para recibir códigos bancarios.

Al adulto mayor que solamente tiene un número.

Al pequeño comerciante que recibe ahí sus pedidos.

Para ellos el teléfono no es un símbolo político.

Es una herramienta de trabajo.

Y entonces aparece la paradoja:

El político puede convertir la suspensión de millones de líneas en una consigna heroica.

Pero quien tiene que caminar hasta la compañía telefónica para recuperar la suya no está viviendo una epopeya.

Está haciendo fila.

La fila revolucionaria

Y aquí tenemos probablemente la imagen más perfecta de toda esta historia.

Primero:

«¡No registren sus líneas! ¡Resistan!»

Después:

—Disculpe, ¿dónde es la fila para reactivar el teléfono?

—Allá.

—¿Cuánto tarda?

—No sabemos.

—¿Y necesito identificación?

—Sí.

Silencio.

Miradas.

Personas consultando el celular que ya no funciona.

Y entonces uno comprende una de las grandes leyes de la política moderna:

la ideología es muy emocionante hasta que llega el turno 184.

Porque mientras el problema es abstracto, todo el mundo es revolucionario.

Pero cuando necesitas comunicarte con tu familia, trabajar, entrar a tu banco o recibir una llamada importante...

de pronto la revolución puede esperar hasta el lunes.

La obediencia también puede ser irracional

Lo verdaderamente interesante no es burlarse de quienes están haciendo fila.

Es preguntarnos por qué siguieron el consejo en primer lugar.

Porque aquí aparece uno de los mecanismos más poderosos de la política:

la identidad.

Cuando una persona adopta una identidad política, determinadas decisiones dejan de evaluarse únicamente por sus consecuencias prácticas.

Ya no pregunta:

«¿Esto me conviene?»

Pregunta:

«¿Qué hace alguien de los nuestros?»

Y eso es peligrosísimo.

Porque entonces puedes conseguir que una persona defienda algo que objetivamente le perjudica simplemente porque considera que hacerlo demuestra pertenencia.

El individuo deja de decir:

—¿Cuál es la mejor decisión?

Y empieza a decir:

—¿Cuál es la decisión que demuestra que estoy del lado correcto?

Ahí comienza la estupidez colectiva.

Y no pertenece exclusivamente a la derecha, a la izquierda, a los conservadores ni a los progresistas.

Es una enfermedad humana.

El ciudadano que entrega voluntariamente su vida privada

Pero hay una última ironía.

Nos hemos convertido en sociedades donde millones de personas están dispuestas a publicar voluntariamente información íntima a cambio de unos cuantos corazones digitales.

Publicamos dónde estamos.

Qué comemos.

Con quién estamos.

Qué compramos.

Dónde trabajamos.

Dónde vacacionamos.

Cuánto pesamos.

Qué pensamos.

A quién amamos.

A quién odiamos.

Qué película vimos.

Qué compramos.

Y hasta fotografías de nuestros hijos.

Pero cuando aparece un registro administrativo decimos:

«¡Mi privacidad!»

Quizá el problema no sea que hayamos perdido completamente la privacidad.

Quizá el problema sea que hemos dejado de distinguir entre privacidad, vigilancia, exposición voluntaria y control institucional.

Y eso sí merece una conversación seria.

Porque una sociedad libre debería poder decir simultáneamente:

«No quiero que el Estado recopile información innecesaria sobre mí»

y

«Tampoco voy a destruir deliberadamente una herramienta que necesito para vivir porque alguien en internet me dijo que eso me convierte en un héroe.»

Eso no es cobardía.

Es pensar.

Y pensar, lamentablemente, sigue siendo una actividad bastante poco popular.

Sobre todo cuando hacer fila con el teléfono suspendido resulta mucho más fácil que leer la letra pequeña de una ley.

Porque la verdadera revolución quizá no consista en dejar que te corten el celular.

Quizá consista en algo mucho más peligroso:

averiguar exactamente qué está haciendo el gobierno, qué datos está recopilando, qué riesgos existen, qué garantías ofrece y qué alternativas tenemos.

Pero eso requiere leer.

Y todos sabemos que, en política, leer antes de gritar es una forma extrema de contracultura.