Menores y delitos graves: justicia, responsabilidad y percepción social

Cuando hablamos de menores de edad y delincuencia, la primera impresión que muchos tienen es de alarma: “¡Los jóvenes están fuera de control!”. Pero la realidad estadística nos dice otra cosa: la gran mayoría de los menores no comete delitos. La percepción de que todos los jóvenes son proclives a robar, agredir o incluso matar es una construcción mediática y social, más que un reflejo de la realidad.

Los datos en México lo confirman. En 2023, los adolescentes fueron responsables de un pequeño porcentaje de delitos: lesiones, robos, amenazas y abuso sexual fueron los más frecuentes, pero representan solo una fracción del total de la delincuencia. Los homicidios cometidos por menores son excepcionales, aunque impactan profundamente porque conmocionan a la sociedad y a los medios de comunicación.

Entonces, ¿por qué se les trata con un régimen legal más indulgente? La respuesta está en la idea de que los menores están en desarrollo, que aún no tienen plena capacidad de discernimiento y que pueden rehabilitarse. Por eso, la legislación suele imponer medidas de reintegración y protección, en lugar de castigos severos. Esta visión protege a la mayoría, pero ¿qué pasa con los casos graves de homicidio, violación o agresión extrema?

Aquí surge un dilema ético y social. Por un lado, los menores merecen protección y oportunidades de rehabilitación; por otro, las víctimas y la sociedad requieren justicia proporcional. Un homicidio cometido con dolo, o una violación perpetrada deliberadamente, son actos de gran gravedad que no deberían recibir un tratamiento leve solo por la edad del agresor. La justicia debe reflejar la magnitud del daño causado y enviar un mensaje claro sobre responsabilidad y consecuencias.

No se trata de aplicar “mano dura” indiscriminada, sino de diferenciar los casos:

Menores que delinquen por impulso o bajo presión de su entorno deben recibir acompañamiento, rehabilitación y medidas restaurativas.

Menores que cometen delitos graves de manera deliberada, con medios peligrosos y conscientes de sus actos, deben enfrentar sanciones que reflejen la seriedad de su conducta, siempre respetando su derecho a un debido proceso y considerando su potencial de rehabilitación.

Este enfoque equilibrado cumple tres objetivos: protege a la sociedad, garantiza justicia a las víctimas y reconoce que los menores, aunque vulnerables, también pueden ser responsables de actos graves. Ignorar esta distinción crea un riesgo de impunidad y desprotege a quienes sufren el daño, mientras que aplicar medidas severas a todos los menores sería injusto y contraproducente.

En conclusión, la mayoría de los menores no delinque y deben ser tratados con cuidado y protección. Pero los casos excepcionales de delitos graves requieren un enfoque distinto: justicia proporcional, sanciones adecuadas y programas de rehabilitación serios. Solo así se puede equilibrar la ética, la ley y la seguridad social, reconociendo que no todos los menores son iguales, pero tampoco sus actos deberían ser tratados de la misma manera.