Mientras buscan aumentar el empleo de la mujer, los gobiernos también deben preocuparse por los bajos índices de natalidad, aunque solo sea porque hace falta que la siguiente generación sea lo suficientemente numerosa como para pagar la deuda contraída por la actual. La presión sobre las mujeres para que se incorporen al mercado laboral puede ser perjudicial para la natalidad a no ser que vaya acompañada de costosas provisiones para el cuidado de los niños, cada vez más difíciles de financiar por el endurecimiento de las constricciones fiscales. La alternativa sería aumentar la inmigración para poder adoptar la solución estadounidense, donde la gran desigualdad económica hace que las niñeras privadas sean baratas y los inmigrantes, siendo pobres, contribuyen más de lo que les corresponde a la descendencia de la sociedad37. El enfoque alternativo, que permite a padres y madres combinar el trabajo con las obligaciones familiares mediante una mayor protección al empleo y, lo que es importante, mediante la reducción de las jornadas laborales, no se plantea normalmente, ya que no es bienvenida por los empleadores, desde luego fuera del sector público. Pagar a las madres para que se queden en casa, como demandan los conservadores sociales, ahorraría dinero, porque sería más barato que el cuidado público de la infancia, pero tampoco gustaría a los empleadores; tampoco produciría ingresos para la seguridad social ni encajaría con las perspectivas culturales predominantes sobre el relativo valor del trabajo doméstico-informal y mercantilizado. Actualmente, los instrumentos elegidos en muchos países, baratos pero de una eficacia cuestionable, son las campañas públicas dirigidos a reeducar a los hombres para que se conviertan en «nuevos padres» y compartan igualitariamente los deberes de la casa y de la crianza a fin de permitir que sus «parejas» en la producción de capital humano aporten más horas a los mercados de trabajo.