Si el consumo es la medida de una vida de éxitos, de la felicidad y hasta de la dignidad humanas, entonces han caído las barreras que contenían los deseos de los hombres. Probablemente, ninguna adquisición nueva llegue a satisfacernos como en otros tiempos prometía hacerlo el «mantenernos en un buen nivel»: ya no hay nivel en el que mantenerse ahora. La línea de llegada se aleja a medida que el corredor avanza; los objetivos, cuando uno intenta alcanzarlos, se sitúan siempre un paso o dos más adelante. Continuamente caen los récords; ya no parecen tener fin los deseos de los hombres. Deslumbrada y confundida, la gente observa que en las empresas recientemente privatizadas, y de este modo «liberadas» —empresas que se recuerdan como instituciones públicas austeras, donde siempre faltaba el dinero—, los actuales directivos cobran sueldos millonarios, mientras que quienes fueron despedidos de funciones directivas son indemnizados, también con sumas millonarias, por su trabajo chapucero y descuidado. De todos lados, por todos los medios, llega alto y claro el mensaje: ya no hay principios, salvo el de quedarse con la mayor cantidad posible; ya no hay reglas, salvo el nuevo imperativo categórico: «Juega bien tus propias cartas».

    Pero no hay juego de cartas donde todas las manos sean parejas. Si el único objetivo es ganar, quienes dan con una mala racha se ven tentados a probar cualquier recurso. Desde el punto de vista de los dueños del casino, algunos recursos —los que ellos mismos permiten o dejan circular— son moneda legal; todo lo que caiga fuera de su control está prohibido. Pero la línea divisoria entre lo justo y lo que no lo es no se ve igual desde la perspectiva de os jugadores, en especial de los que intentan jugar. Más aún, de los que aspiran a hacerlo y no pueden, o no tienen acceso a los recursos permitidos. Pueden recurrir, entonces, a cualquier recurso, sea legal o no, o abandonar el juego. Pero la seducción del mercado ha convertido en imposible esta última opción.

    Desarmar, degradar y suprimir a los jugadores frustrados es, en una sociedad de consumidores regida por el mercado, parte indispensable de la integración-a-través-de-la-seducción . Los jugadores impotentes e indolentes deben ser excluidos. Son productos de desecho del juego, que hay que descartar a toda costa y pedir su cesación de pagos. Pero hay otra razón por la que el juego deberá seguir produciendo esos desechos: a quienes permanecen junto al verde tapete se les debe mostrar el horrendo panorama de la alternativa (la única posible, se les repetirá), para que sigan soportando las penurias y tensiones de vivir en el juego.

    Considerada la naturaleza del juego actual, la miseria de los excluidos —que en otro tiempo fue considerada una desgracia provocada colectivamente y que, por lo tanto, debía ser solucionada por medios colectivos— sólo puede ser redefinida como un delito individual. Las «clases peligrosas» son consideradas clases criminales, y las cárceles pasan a desempeñar las funciones que antes les cabía a las ya casi desaparecidas instituciones del Estado del bienestar. Y, a medida que se reducen las prestaciones de asistencia social, lo más probable es que las cárceles tengan que seguir desempeñando ese papel, cada vez con mayor intensidad.

    La creciente multiplicación de comportamientos delictivos no es un obstáculo en el camino hacia una sociedad consumista desarrollada y que no deja resquicios. Por el contrario: es su prerrequisito y acompañamiento natural. Y esto es así, hay que admitirlo, por numerosas razones. La principal de ellas es, quizás, el hecho de que quienes quedan fuera del juego —los consumidores frustrados, cuyos recursos no alcanzan a satisfacer sus deseos y, por lo tanto, tienen pocas o ninguna posibilidad de ganar si cumplen las reglas oficiales— encarnan los «demonios internos» que son específicos de la sociedad de consumo. Su marginación (que llega al delito), la severidad de sus sufrimientos y la crueldad del destino a que se los condena son —hablando metafóricamente— el modo de exorcizar esos demonios internos y quemar su efigie. Las fronteras del delito cumplen la función de las llamadas herramientas sanitarias: cloacas a las que se arrojan los efluvios inevitables, pero tóxicos, de la seducción consumista, para que la gente que permanece en el juego no tenga que preocuparse por su propio estado de salud. Si este es el estímulo principal que explica el auge de la «industria de la prisión [70] » —tal como la denomina el criminólogo noruego Nils Christie—, entonces la esperanza de que en una sociedad desregulada y privatizada el proceso se haga más lento es, al menos, pequeña; y es mucho menos probable que se lo pueda detener o revertir.

    No hay lugar donde esta relación se haya puesto más de manifiesto que en los Estados Unidos, donde el dominio ilimitado del mercado de consumo —durante los años del «vale todo», en la era Reagan-Bush— llegó más lejos que en cualquier otro país. Los años de desregulación y desmantelamiento de las prestaciones asistenciales fueron, también, los años en que crecieron la criminalidad, la fuerza policial y la población carcelaria. Fue preciso, también —para responder a los temores e inquietudes, los nervios y la inseguridad, el enojo y la furia de la mayoría silenciosa (o no tan silenciosa) de los consumidores honorables—, reservarles una suerte cada vez más sangrienta y cruel a los declarados criminales. Cuanta más fuerza tomaban los «demonios internos», más insaciable era el deseo de castigar el delito, de tener una justicia de mano dura. Bill Clinton, integrante del ala progresista del Partido Demócrata (los llamados liberals en los Estados Unidos) ganó la presidencia con la promesa de multiplicar las filas policiales y construir prisiones nuevas y más seguras. Algunos observadores (entre ellos, Peter Linebaugh, de la Universidad de Toledo, Ohio, autor de The London Hanged [El ahorcado de Londres]) piensan que Clinton debió su triunfo a la muy publicitada ejecución de un hombre retardado, Ricky Ray Rector, a quien permitió enviar a la silla eléctrica cuando era gobernador de Arkansas. Dos años después, los adversarios del nuevo presidente, pertenecientes a los sectores de extrema derecha del Partido Republicano, se impusieron de forma aplastante en elecciones parlamentarias al convencer al electorado de que Clinton no había hecho lo suficiente para combatir la criminalidad y que ellos harían más. La segunda elección de Clinton se ganó en una campaña en que los candidatos rivalizaron en prometer, cada uno más que el otro, una fuerza policial fuerte y una política implacable con aquellos que «ofenden los valores de la sociedad al mismo tiempo que se aferran a ellos», y apuestan a la vida consumista sin contribuir a la reproducción de la sociedad de consumo.