Es difícil imaginar a una persona indagando si su amigo hizo algo malo de un asunto que no huele muy bien que digamos.
Leo Zuckermann 05/02/2015 02:25
El Presidente ha nombrado a un hombre íntegro, trabajador y austero para ser su secretario de la Función Pública. Subrayo el “su” porque, a final de cuentas, Virgilio Andradeserá subordinado de Enrique Peña Nieto. Y esto, en definitiva, es un problema para el encargado de investigar si hubo “conflicto de interés” en la adquisición de las casas deAngélica Rivera, Luis Videgaray y el propio Presidente de contratistas favorecidos por los gobiernos del Estado de México y federal (nótese que el mandato presidencial es de una investigación limitada al tema del “conflicto de interés” y no de otros posibles actos ilegales o inmorales en la compra de las residencias). Pero más allá de que un subordinado investigue a su jefe, el nuevo secretario tendrá otro problema: es amigo del otro secretario que tendrá que investigar, es decir, Luis Videgaray.
Efectivamente: desde sus épocas de estudiantes en el ITAM,Andrade y Videgaray compartían no sólo coincidencias políticas (ambos se consideraban priistas desde entonces), sino una relación personal cercana. La pregunta es qué tan cercana como para que uno investigue al otro. Porque si existe una verdadera amistad, pues eso le dificultará mucho el trabajo al secretario de la Función Pública: meterse a revisar si su amigo Luis cometió una falta al haberle comprado una casa a Grupo Higa por medio de un crédito con una tasa preferencial por debajo de las del mercado.
Por eso creo que Andrade debería comenzar por hacer pública su declaración de conflicto de interés. ¿A qué me refiero? En el discurso en el que el Presidente nombró aAndrade como titular de una secretaría que, por cierto, legalmente desapareció de la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero que sigue existiendo operativamente hasta que se cree una Comisión Nacional Anticorrupción que se encuentra en la congeladoralegislativa, Peña Nieto ordenó que, a partir de mayo, los funcionarios públicos federales presenten una declaración de posibles conflictos de interés además de sus declaraciones patrimoniales. Es una buena idea. Lo malo es que ambas declaraciones seguirán siendo secretas: sólo la Función Pública podrá revisarlas para ver si hubo actos de corrupción.
De acuerdo al presidente Peña, en las nuevas declaraciones los funcionarios tienen que informar “las causas por las que el servidor público considere que pudiera existir un conflicto de interés con relación a las decisiones que tiene a su cargo”. ¿Puede una amistad considerarse como posible conflicto de interés en el caso del nuevo secretario? Es difícil imaginar a una persona indagando si su amigo hizo algo malo de un asunto que no huele muy bien que digamos. ¿Puede un contralor realizar investigaciones objetivas sobre sus amistades? Me cuesta trabajo pensar que sí, como me cuesta trabajo creer que un subordinado pueda hacer lo mismo con su jefe.
Me parece que Andrade nos debe una explicación de su amistad con Videgaray. Sería un gesto positivo si hiciera pública su declaración de conflicto interés incluyendo el tema de su vieja amistad con el secretario de Hacienda. Y ya que estamos en eso, también le daría mucha credibilidad al nuevo secretario de la Función Pública si hiciera pública su declaración patrimonial al estilo de la que publicó el presidente Peña, es decir, con los montos de todos sus activos. De esa forma se convertiría en el único secretario del gabinete presidencial en seguir el ejemplo de su jefe. Incluso si quisiera mandar un mensaje todavía de mayor credibilidad y transparencia, Andrade podría hacer públicas sus declaraciones de impuestos de los últimos cinco años para comprobar que todos sus ingresos han sido legales y que ha pagado los impuestos correspondientes.
Yo, por lo pronto, sigo pensando que sólo la presión social hará que nuestros políticos hagan algo en serio para combatir la corrupción gubernamental. En este sentido reitero la idea que lancé hace unos días: que una o varias asociaciones civiles organicen la recopilación de un millón 300 mil firmas de ciudadanos para enviar al Congreso una iniciativa popular a fin de cambiar la ley y hacer obligatoria la publicación de las declaraciones patrimoniales, de impuestos y de conflictos de interés, completas, de los altos funcionarios en México.
Twitter: @leozuckermann
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