Desiree Fairooz es una exblibliotecaria y activista que estuvo presente en la visita de confirmación del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, antiguo senador de Alabama. 

Su nominación al tribunal federal fue rechazada por el Senado estadounidense en 1986 porque se le acusaba de ser de ultraderechas y, en particular, racista (en sus tiempos de senador fue muy conocido por fomentar el pánico a la inmigración). 

Cuando Richard Shelby, senador de Alabama, declaró que «quedaba sobradamente demostrado que [Sessions] había tratado a todos los americanos de igual modo ante la ley», Fairooz soltó una risita. De inmediato la arrestaron y la acusaron de alteración del orden público. 

 El Departamento de Justicia de Estados Unidos, encabezado por Sessions, la denunció. En el verano de 2017, un juez desestimó los cargos presentados contra ella alegando que la risa es una manifestación de la libertad de expresión.

 Pero, en septiembre de 2017, el Departamento de Justicia de Sessions decidió seguir adelante con la denuncia y hasta noviembre de ese año no cejó en su empeño de llevar a Fairooz a juicio por haberse reído.

Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, difícilmente será un defensor de la libertad de expresión. Y, sin embargo, el mismo mes en que su Departamento de Justicia pretendía llevar a juicio a una ciudadana estadounidense por reírse, Sessions dio un discurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown en el que criticaba a los campus universitarios por incumplir su compromiso con la libertad de expresión. 

 Según él, la universidad no fomentaba la participación de las voces de la derecha. Y por ello exigía «una renovación del compromiso nacional con la libertad de expresión y la Primera Enmienda» (esa misma semana, monopolizaba todas las pantallas el llamamiento de Trump a los propietarios de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano para que echaran de sus equipos a los jugadores que se arrodillaban durante el himno nacional como protesta contra el racismo, precisamente una clara manifestación de los derechos que defiende la Primera Enmienda).

En los últimos tiempos, los nacionalistas de ultraderecha han hecho que la retórica favorable a la libertad de expresión esté muy presente en la política estadounidense. Los mítines a favor de Trump que se celebran regularmente en Portland, Oregón, se llaman «Trump Free Speech Rallies» [‘Mítines de Trump por la libertad de expresión’]. 

En mayo de 2017, la ciudad vivió un acto de terrorismo supremacista blanco cuando Jeremy Joseph Christian, un nacionalista de ultraderecha de treinta y cinco años, presuntamente apuñaló a tres personas que intentaban mediar para que dejara de insultar a dos jóvenes musulmanas. De las tres personas apuñaladas, dos fallecieron a consecuencia de las heridas. Cuando entró en el juzgado para ser procesado, exclamó:

¡Libertad de expresión o muerte, Portland! No estáis a salvo. Esto es América. Si no os gusta la libertad de expresión, largaos de aquí. Vosotros lo llamáis terrorismo. Yo lo llamo patriotismo.

Si en democracia existe la libertad de expresión es principalmente para que los ciudadanos y sus representantes puedan debatir sobre política. Pero ese tipo de debate en el que una parte insulta a la otra —por no hablar del uso de la violencia física— y luego protesta porque se ataca su libertad de expresión no encaja en absoluto con el debate público que queda bajo el amparo de la libertad de expresión. Jeremy Joseph Christian recurre a un tipo de discurso que aniquila la posibilidad de que exista un debate público, en lugar de favorecerlo.

Jason Stanley