La exministra Margarita Ríos Farjat, quien formó parte de la Suprema Corte, se integró como socia a la firma estadounidense Holland and Knight, un despacho que ha participado en litigios contra el Estado mexicano, particularmente en temas relacionados con la industria eléctrica. El movimiento ha generado cuestionamientos debido a la rapidez con la que se da el cambio, ya que tras dejar el cargo público con una pensión de por vida, pasa a formar parte de una firma que representa intereses privados frente a instituciones gubernamentales. Esto ocurre en un sector estratégico como el energético, donde han existido disputas legales entre empresas y el gobierno mexicano.

La puerta gira… y nosotros aplaudimos

Hay cosas que son legales y, aun así, producen una sensación física extraña, como morder un cubo de hielo con una muela rota. La puerta giratoria entre el poder público y las grandes firmas privadas es una de ellas. No hace falta demostrar un delito para sentir que algo huele raro; basta con observar la escena completa.

Imagina el espectáculo: una persona pasa años en la cúspide del Estado, interpreta leyes, conoce expedientes, entiende cómo piensan las instituciones, saluda a medio mundo en los pasillos del poder… y un día, apenas deja el cargo, aparece en el elegante despacho de una firma privada que litiga asuntos relacionados con el mismo universo jurídico en el que trabajaba. Todo perfectamente legal. Tan legal como vender agua embotellada en una ciudad sin agua.

La magia del sistema consiste en que la misma acción puede recibir dos nombres distintos según quién la describa. Si eres ciudadano, se llama “conflicto de interés potencial”. Si eres un despacho internacional, se llama “incorporación estratégica de talento”.

Y ahí está la primera crítica: la ley no siempre mide la decencia pública. La ley dice lo mínimo que una sociedad tolera; la ética pregunta qué merece respeto. Confundir ambas cosas es como creer que un restaurante es excelente porque no te intoxicó.

Los defensores de estas transiciones repiten una frase hermosa: “toda persona tiene derecho a trabajar”. Claro que sí. También tengo derecho a cantar rancheras a las tres de la mañana, pero mis vecinos conservan el derecho a pensar que soy un imbécil. El problema no es el derecho al trabajo; el problema es qué tipo de trabajo se acepta inmediatamente después de haber ocupado un cargo diseñado para servir al interés público.

Porque el ciudadano común cambia de empleo llevando una mochila. El alto funcionario cambia de empleo llevando una biblioteca mental del Estado, una libreta de teléfonos y un mapa de relaciones construido con recursos públicos. Y cuando ese capital se vuelve ventaja privada, la pregunta deja de ser jurídica y se vuelve democrática.

Lo más divertido es el lenguaje. Nunca dicen: “contratamos a alguien que conoce por dentro al aparato estatal”. No, dicen: “fortalecemos nuestra práctica”. Traducido al castellano honesto: “compramos experiencia pública para competir mejor contra el propio sector público”. Es una frase larga; por eso usan eufemismos.

La puerta giratoria además produce una extraña pedagogía social. A los ciudadanos se nos enseña que el servicio público es una misión. A las élites se les enseña que es una etapa del currículum. Uno entra al Estado, acumula prestigio, contactos y conocimiento, y luego el mercado los convierte en honorarios. El patriotismo dura lo que tarda en llegar la oferta correcta.

Y atención: no hace falta imaginar conspiraciones secretas. Ese es precisamente el punto incómodo. El sistema puede funcionar sin maletines llenos de dinero y sin llamadas clandestinas. Basta con que todos sepan que, después del cargo, existe un aterrizaje cómodo en el sector privado. El incentivo no necesita ser explícito; le basta con estar en el horizonte.

“Pero no hay prueba de corrupción”, dirán. Perfecto. Tampoco hay prueba de que el árbitro compró entradas para el equipo al que entrenará la próxima temporada. Aun así, ¿te sentirías tranquilo viéndolo arbitrar la final? La confianza pública no vive solo de pruebas penales; vive de apariencias razonables.

La tragedia moderna es que hemos rebajado tanto nuestras expectativas morales que celebramos cuando alguien simplemente no va a la cárcel. “No robó” se convirtió en elogio. Imaginen aplicar ese estándar a un piloto: “Buenas noticias, aterrizó sin estrellarnos”. ¡Magnífico! ¿Y la excelencia dónde quedó?

Las democracias no se deterioran únicamente por los grandes escándalos; también se desgastan por miles de pequeños mensajes que le dicen a la población: las reglas son iguales para todos, pero algunos salen del poder directamente al penthouse.

 Después nos preguntamos por qué la gente desconfía de las instituciones. Tal vez porque observa que las puertas del poder tienen bisagras muy bien aceitadas… siempre hacia el mismo lado.

La solución no es prohibir que los exfuncionarios trabajen jamás. Eso sería absurdo. La solución mínima es aceptar que ciertos cargos requieren distancia temporal, transparencia radical y límites claros. Un periodo de enfriamiento no castiga a nadie; protege a la institución de la sospecha.

Pero seamos honestos: la sospecha es precisamente lo que el sistema aprende a administrar. Nos ofrecen legalidad cuando pedimos legitimidad. Nos muestran contratos cuando preguntamos por confianza. Y mientras discutimos tecnicismos, la puerta sigue girando, girando y girando.

Lo extraordinario no es que la puerta gire. Lo extraordinario es que todavía nos sorprenda verla girar siempre alrededor del mismo edificio.