Jarvious Cotton no puede votar. Como a su padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, se le ha negado el derecho a participar en nuestra democracia electoral. El árbol genealógico de Cotton nos cuenta la historia de varias generaciones de hombres negros que nacieron en Estados Unidos, pero a los que se negó la libertad más elemental que promete la democracia: la libertad de votar por quienes harán las normas y leyes que gobiernan la vida de todos. El tatarabuelo de Cotton no pudo votar porque era esclavo. Su bisabuelo murió de una paliza que le propinó el Ku-Klux Klan por intentar ejercer su derecho al voto. A su abuelo, el Klan le impidió votar por medio de amenazas. Su padre no pudo votar por los impuestos municipales y las pruebas de alfabetización. Hoy en día, Jarvious Cotton no puede votar porque, como a muchos hombres negros en Estados Unidos, se le ha puesto la etiqueta de delincuente convicto y está en situación de libertad condicional [2] . Su historia pone de manifiesto, en muchos aspectos, el viejo refrán: «Cuanto más cambian las cosas, más sigue todo como siempre». En cada generación, se han usado tácticas nuevas para alcanzar los mismos objetivos, objetivos compartidos por los Padres Fundadores. Negar a los afroamericanos el derecho a la ciudadanía se consideró esencial en la creación de la primera unión de estados. Cientos de años después, Estados Unidos sigue sin ser una democracia igualitaria. Los argumentos y racionalizaciones que se han sacado a relucir en apoyo de la exclusión racial y la discriminación en sus distintas formas han ido cambiando y evolucionando, pero el resultado se ha mantenido invariable en gran medida. En la actualidad, un elevado porcentaje de hombres negros en Estados Unidos tiene vedado legalmente el derecho al voto, al igual que ha sucedido durante la mayor parte de la historia del país. Esos hombres también están sujetos a una discriminación legalizada en cuanto a empleo, vivienda, educación, acceso a los servicios sociales y participación en jurados, al igual que les pasó a sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Lo que ha cambiado desde el final de la legislación segregacionista que imperó en los estados del Sur desde poco después del final de la guerra de Secesión hasta el movimiento por los derechos civiles en la década de los sesenta del siglo XX tiene menos que ver con la estructura fundamental de nuestra sociedad que con el lenguaje que se usa para justificar esa segregación. En una época donde el color racial es en apariencia invisible, ya no resulta aceptable socialmente usar la raza, de forma explícita, para justificar la discriminación, exclusión y el desprecio social. Así que no la usamos. Mejor que aludir a la raza, usamos a nuestro sistema de justicia penal para etiquetar a la gente de color como «delincuentes» y de esa forma mantenemos todas las prácticas que supuestamente habíamos dejado atrás. Hoy es perfectamente legal discriminar a los delincuentes de casi todas las formas en que antes era legal discriminar a los afroamericanos. Una vez se etiqueta a una persona como delincuente convicto, las antiguas formas de discriminación (en el empleo, en la vivienda, en la privación del derecho al voto, en la negación de las oportunidades educativas, de los cupones de alimentación y de otros subsidios públicos y en la exclusión de formar parte en jurados) de repente se vuelven legales. Como delincuente, apenas se tienen más derechos, y se podría decir que se recibe menos respeto, que cualquier negro que viviera en Alabama en el momento álgido de la segregación racial. No es que hayamos acabado con el sistema de castas por razón de raza, solo lo hemos rediseñado.

Michelle Alexander