El apoyo de los Estados Unidos a la esclavitud estaba basado en un hecho práctico incontestable. En 1790, el Sur producía mil toneladas anuales de algodón. En 1860, la cifra había subido ya a un millón de toneladas. En el mismo período se pasó de 500.000 esclavos a 4 millones. El sistema, trasbalsado por las rebeliones de esclavos y las conspiraciones (Gabriel Prosser, 1800; Denmark Vesey, 1822, Nat Turner, 1831) desarrolló en los estados sureños una red de controles, apoyada por las leyes, los tribunales, las fuerzas armadas y el prejuicio racial de los líderes políticos de la nación. Para acabar con un sistema tan profundamente atrincherado se necesitaba una rebelión de esclavos de proporciones gigantescas o una guerra en toda la regla. De ser una rebelión, podía escapárseles de las manos y ensañarse, más allá del mundo negrero inmediato, con el sistema de enriquecimiento capitalista más formidable del mundo. En el caso de que fuera una guerra, los que la declaraban podrían preveer y organizar sus consecuencias. Por eso fue Abraham Lincoln quien liberó a los esclavos, y no John Brown. John Brown fue ahorcado en 1859, con la complicidad federal, por haber intentado hacer, con el uso limitado de la violencia, lo que unos años después haría Lincoln con el uso de la violencia a gran escala: acabar con la esclavitud.