5 de abril 2014
La censura, invasiones a la privacidad y medidas de colaboración con la justicia que establece la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por el Ejecutivo, viola los derechos humanos y pone a México al nivel de países como Venezuela, Turquía o Ucrania, según expertos.
“Hemos visto que en Venezuela se han censurado páginas de internet, en Turquía lo mismo, en Ucrania también y todo para sofocar protestas sociales.
El artículo 197 de la iniciativa da esta posibilidad (en México)”, dijo en entrevista Luis Fernando García, de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales.
En febrero de este año entró en vigor en Rusia una ley que permite a los autoridades ordenar a los proveedores de internet que bloqueen sitios que contengan contenido “extremista” o que llame a manifestaciones no autorizadas por el Gobierno.
En ese mismo mes, en Turquía se aprobó una ley que permite a la autoridad de telecomunicaciones que bloquee sitios de internet sin que se requiera una orden judicial.
Además, obliga a los proveedores de internet a guardar los datos de los usuarios por 2 años con el fin de tenerlos disponibles para cualquier solicitud de las autoridades.
“Los concesionarios de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”, indica el artículo 197, fracción 7 de la iniciativa.
Además, impone una pena de hasta 4 por ciento de los ingresos de los operadores en caso de no cumplir.
Por otro lado, el artículo 192 indica que los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a conservar información de los usuarios por 24 meses y deberán entregarla a las autoridades competentes en un plazo máximo de 24 horas, de acuerdo con el artículo 194.
García explicó que lo impuesto en la iniciativa respecto a bloqueo de señales contraviene la Convención de Derechos Humanos y lo que algunos relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han declarado.
“Ellos han hecho declaraciones sobre privacidad y censura en internet, donde critican la anulación de servicios en segmentos de población amplios, condenan la censura, condenan el espionaje y vigilancia sin control judicial, transparencia y sin que los ciudadanos puedan defenderse”, dijo.
El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos indica que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información.
Al respecto, Clara Luz Álvarez comentó, en su análisis digital de leyes secundarias enviadas por el Ejecutivo, que se incluyen facultades para que las instancias de seguridad -Cisen, Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, entre otras- puedan obtener información de los concesionarios sobre la localización en tiempo real de cualquier dispositivo de comunicación para sus labores de “producción de inteligencia”.
“La ‘producción de inteligencia’ puede ser amplísima, toda vez que no se requiere que exista un riesgo a la seguridad nacional, sino que se recaba y procesa la información para después tomar decisiones.
A diferencia de la geolocalización por delitos de secuestro, amenazas, delitos contra la salud, delincuencia organizada y extorsión, en este caso las instancias de seguridad no requieren justificar la persecución de un delito, ni razón fundada que la nación mexicana está en riesgo”, expuso la doctora en derecho.
Israel Rosas, consultor en derechos digitales, consideró que esta propuesta no contempla mecanismos de contrapeso que garanticen que no van a existir abusos.
“Son propuestas totalmente discrecionales y opacas. Podrían censurar contenidos con sentido político y eso nos pone en un terreno de países más cercanos a gobiernos autoritarios donde la libertad de expresión es casi nula”, criticó en entrevista.
Jesús Robles Maloof, del Colectivo Internet Libre para Todos, consideró que la facultad de solicitar a los proveedores de inhibir o bloquear las comunicaciones en una determinada región es colocarse encima de la Constitución y de los poderes que sostienen la democracia.
FUENTE: MEDIATELECOM
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