Carlos Portillo / @portillo_carlos
(17 de enero, 2014).- Senadores, diputados y diversos representantes de partidos políticos han reaccionado al nombramiento de Alfredo Castillo como comisionado federal para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán considerando que la administración del gobernador Fausto Vallejo ha sido desacreditada y desplazada por el Gobierno Federal, que ha tomado las riendas de la entidad.
Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que el único mérito previo del nuevo comisionado es su cercanía con Peña Nieto, por lo que es importante que su postura en Michoacán no se convierta en la de una especie de “virrey”, rindiendo cuentas sólo al presidente. Agregó que con esta medida se destituye de golpe al gobernador michoacano, a quien etiquetó como “el peor que ha habido en la historia reciente’’.
Marko Antonio Cortés, integrante del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional (PAN), juzgó que las acciones del Gobierno Federal vulneran la autonomía y soberanía del estado de Michoacán; aunque también comentó que era una forma de evitar la desaparición de poderes, factor que podría complicar más el panorama.
El senador panista y ex gobernador de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks puntualizó la necesidad de “erradicar el estado chueco” que afecta a la entidad, y que fue originado “por la tolerancia de los tres órdenes de gobierno a la presencia del crimen organizado y los llamados grupos de autodefensa’’.
Dolores Padierna, vicecoordinadora del PRD en el Senado, mencionó que ‘‘Castillo fue procurador en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador de esa entidad, y llevó el caso de la niña Paulette con resultados muy negativos’’.
Del mismo partido, el diputado Silvano Aureoles Conejo expuso que la intervención federal a través de Castillo ‘‘debe ser temporal y cuidando que no se le perciba en los hechos como un gobernador alterno que anule la presencia de la autoridad estatal’’.
José Castelazo, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), consideró que la crisis de seguridad padecida en Michoacán se debe a la ‘‘acumulación de malas administraciones públicas en las que hubo negligencia y muchos se corrompieron’’ ante la embestida del crimen organizado, e hizo hincapié en que ‘‘es momento de ponerle un alto’’ a las ‘‘debilidades’’ de la administración en sus diferentes niveles de gobierno.
Aclaró que cambiar esa realidad ‘‘no es solamente con la fuerza de las armas, sino con la de la razón, de la concertación y de la conducción inteligente’’ de las autoridades.
El secretario general del Sol Azteca, Alejandro Sánchez Camacho, ha demandado investigar si el asesor de Peña Nieto y militar colombiano, Óscar Naranjo, tuvo injerencia en el surgimiento de los grupos armados de autodefensa en Michoacán. Calificó como ‘‘muy sospechoso que, tras el arribo del colombiano al país, hayan surgido este tipo de grupos”, por lo cual, “habría que saber qué tanto los ha tolerado, apoyado y financiado el gobierno’’.
Una de las declaraciones más contundentes fue la del senador panista Salvador Vega Casillas al pedir la renuncia inmediata de Fausto Vallejo, sugiriendo que el resto de su periodo constitucional sea concluido por un nuevo mandatario, elegido por el Congreso Estatal de Michoacán:
“El nombramiento de Castillo es un claro reconocimiento de la inexistencia, incompetencia e inutilidad del gobierno del estado […] Es una evidencia de que el gobierno del estado no funciona y no sirve. Hay una absoluta ausencia de la autoridad estatal “.
“La pregunta es, qué sigue haciendo el gobernador ahí. Ha pasado de la inexistencia a ser un estorbo. El gobernador debe evaluar la posibilidad de renunciar, no se cuenta para nada con el gobierno estatal, ya no tiene mayores facultades […] Para como están las cosas, el gobernador no pasa de ser un simple estorbo “, opinó Vega.
El senador también dijo confiar en que se recupere la paz y la estabilidad social con la llegada del comisionado federal; aunque pidió garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de la población michoacana.
“Le pediré cuidar mucho el tema de los derechos, porque ése ha sido el problema, los ciudadanos han sido atropellados durante muchos años por la delincuencia y esperemos que no lo sean por las fuerzas armadas”, concluyó.
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