Durante años, la industria de los
transgénicos y sus gobiernos afines han construido el mito de que los
cultivos transgénicos son los alimentos más evaluados de la historia, y
tienen el visto bueno de comités científicos independientes y
responsables. Sin embargo, al analizar la composición o el trabajo de
estos comités, tanto a nivel español como europeo, se demuestra que
estas afirmaciones son más que dudosas.
Confluencia de intereses, científicos
que se mueven sin ningún rubor entre la industria y los comités
públicos, permisividad frente a la industria y desprecio a la fuerte
oposición ciudadana a la introducción de transgénicos en la agricultura y
alimentación es la nota dominante en la Comisión Nacional de
Bioseguridad en España (CNB) o en la Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA). Por eso se publica este informe, cuyas afirmaciones
están completamente documentadas y son fácilmente contrastables. Porque
si algo queda claro cuando se analiza la realidad del control y
evaluación científica de los transgénicos es que la única aproximación
sensata es la prohibición de su liberación al medio ambiente.
Amigos de la Tierra ya reflejó en un
informe hace más de un año muestras preocupación por el trabajo y la
composición de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), el órgano
teóricamente científico en el que se basan las decisiones sobre
transgénicos en España. Esta Comisión, formada por 42 miembros, cuenta
solo con 7 expertos científicos, siendo el resto representantes de
diversas administraciones públicas. Mediante una sencilla búsqueda en la
red, fácil de documentar, se demostró la excesiva cercanía de la
mayoría de ellos con la industria de los transgénicos, a la que deben
regular. Desde la publicación de aquel informe, Las Malas Compañías II –
¿Quién decide la política del Gobierno sobre transgénicos? , se han
producido algunos cambios menores en el funcionamiento, composición, y
encaje de la CNB. Pero la gran novedad es la publicación, tras más de
dos años ocultas a la opinión pública, de las actas de esta Comisión. Su
lectura no solo confirma los temores y dudas que se reflejaban en el
anterior informe, sino que agrava nuestras preocupaciones ante la
absoluta falta de control y rigor sobre los transgénicos en España.
Nadie vigila, nadie hace cumplir la ley y nadie se ocupa de que las multinacionales cumplan sus obligaciones.
Gracias a estas actas, hemos conocido
mucho mejor el funcionamiento de esta comisión supuestamente científica y
se puede comprobar que: Las recomendaciones y deliberaciones de la
CNB se basan con frecuencia en criterios políticos y no en criterios
científicos. La CNB es extremadamente indulgente con las
multinacionales y extremadamente dura en su trato a la sociedad civil.
La CNB ni tan siquiera sanciona cuando las multinacionales incumplen
las condiciones de la autorización impuestos por la misma CNB. Se
autorizan experimentos al aire libre con transgénicos pese a la falta de
información aportada por las empresas, utilizando argumentos tan
inquietantes como “por ser la primera vez”. No se piden estudios
científicos para analizar, por ejemplo, si se puede producir
contaminación genética de especies silvestres, pero se piden varios
dictámenes jurídicos para decidir si se da información a la sociedad
civil que legalmente están obligados a facilitar. La CNB llega incluso
a proponer estudiar los supuestos beneficios de los transgénicos en vez
de preocuparse en analizar los impactos. La situación llega hasta el
punto de que existen animales transgénicos a la venta en España, y
tienen que ser los distribuidores los que lo detecten, ante la
inoperancia de las autoridades competentes.
Las multinacionales de los transgénicos
como Monsanto, Syngenta o Bayer, si que se toman en serio su negocio,
pero no a la CNB: Recurren con frecuencia al corta-pega para presentar
sus solicitudes para ensayos experimentales. Envían la información la
tarde antes de las reuniones de la CNB, impidiendo que se estudie y
debata esta información de forma adecuada. La CNB lo acepta. La CNB
constata que las multinacionales hacen afirmaciones sobre la supuesta
ausencia de riesgo en sus ensayos sin ningún tipo de rigor y sin datos
que sustenten dicha afirmación. No se les pide que presenten más
estudios, solo que cambien la expresión que utilizan. Una Comisión del
Gobierno como la CNB le hace consultas jurídicas a la propia
multinacional que quiere aprobar su producto. El papel del Gobierno
queda también perfectamente retratado en estos documentos. Nadie quiere
asumir responsabilidades, ejercer cargos o tomar decisiones que tengan
alguna relación con los transgénicos, dejándolo todo al criterio de la
CNB.
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