Publicado el 05 Junio 2013
Escrito por LibreRed
Uno
de los argumentos más usados por los grandes medios de comunicación
occidentales a la hora de interpretar el origen del estallido social en
las calles de Turquía es la deriva islamista y autoritaria del Gobierno
de Recep Tayip Erdogan.
De
esta manera, los ‘mass media’ centran toda la atención en la disyuntiva
islamismo-laicismo y autoritarismo-democracia, llevando a cabo un
análisis simplista y parcial de la realidad que vive estos días el país
euroasiático.
Y
es que para poder analizar con mayor profundidad la reciente revuelta
popular en las calles de ciudades como Estambul o Ankara, habría que
adoptar algo más de perspectiva y poner la lupa en las políticas
socioeconómicas que el Ejecutivo viene desarrollando durante estos
últimos años.
El
Gobierno de Erdogan, integrado por el Partido Justicia y Desarrollo
(AKP), irrumpe en el poder en el año 2002 en un contexto de crisis
económica (crisis financiera de 2001) donde acuerda un programa de
medidas de claro corte neoliberal con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) que pasan por la privatización del sector público, reformas
laborales y drásticos recortes sociales.
Un
año después de llegar al Gobierno, en 2003, se abre el camino a la
privatización de la empresa pública de telecomunicaciones Turk Telekom
[1]. Al año siguiente, en 2004, se ponen a la venta compañías de licor,
fábricas de acero y Aerolíneas Turcas [2].
Desde
entonces, se inicia un proceso que no tiene marcha atrás: En 2007, se
da luz verde a la privatización de la compañía pública de tabacos de
Turquía, Tekel [3]. En 2008, es el turno de la red eléctrica, con la
venta de dos compañías de distribución en Ankara y Sakarya-Kocaeli [4].
Además, ese mismo año se anuncia la venta del banco de propiedad estatal
Halkbank y la privatización del 15 por ciento de las acciones de Turk
Telekom.
En
2009, el Gobierno aprueba una legislación para otorgar el agua de los
ríos, los lagos y los estanques a las corporaciones privadas. Esto
significa que los recursos hídricos pueden transferirse a corporaciones,
que hasta el momento sólo controlaban los servicios de distribución
[5].
Debido
a esto, la Confederación de los sindicatos campesinos turcos,
Çiftçi-Sen, junto con más de 100 otras fuerzas de oposición social que
defienden el reconocimiento del derecho al agua, forman una plataforma
llamada “No a la comercialización del agua” y se manifiestan masivamente
el 15 de marzo de 2009 en Estambul, en el marco del Foro Mundial del
Agua [6].
En
2011, el Gobierno de Erdogan inicia las negociaciones para la
privatización [7] de 2.000 kilómetros de autopistas y puentes del país.
De esta manera el Ejecutivo turco pretende ceder al capital privado
hasta nueve carreteras de peaje y dos puentes sobre el Bósforo, vías de
comunicación muy importantes en el área de Estambul.
A
través de la llamada “Administración de Privatizaciones” (OIB por sus
siglas en turco), Erdogan busca tirar adelante un paquete de
privatizaciones en el país que incluye el textil, la minería, el
petróleo, la alimentación o el transporte marítimo, entre otros [8].
En
febrero de ese mismo año, 10.000 personas se manifiestan en el centro
de Ankara en rechazo a la reforma laboral del Gobierno, que entre las
medidas, destacan la reducción del salario mínimo para los jóvenes, la
posibilidad de traslado de los funcionarios y permite la contratación de
empleados sin seguro social [9].
Muchos
de los allí presentes corean gritos de “Esto es Ankara, no el Cairo”,
“Tayyip ha llegado tu turno” y “Tayyip, te deseamos un final feliz como a
Mubarak”.
Las
directrices neoliberales aplicadas durante estos últimos años han
generado un aumento de la desigualdad social en el país. Según la
revista Forbes, en Estambul, capital financiera de Turquía, había un
total de 35 multimillonarios en marzo de 2008 (en comparación con 25 en
2007), situándose en el puesto 4º en el mundo. Un informe para
empresarios interesados en invertir en Turquía elaborado por el banco
español Banesto asegura que “el país está marcado por la existencia de
fuertes desigualdades de rentas” [10]. Muchos empleados en Turquía no
cobran más del salario mínimo de unos 570 dólares y el ingreso per
cápita es casi la mitad que los ingresos medios europeos.
Quizás
este conjunto de factores ayude a explicar el malestar social que ha
dado origen a los disturbios que hoy vive Turquía, más allá del enfoque
liberal que se pretende dar desde la prensa de Occidente.
LibreRed
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