Deuda pública de los Estados: corrupción e impunidad

Los casos de Andrés Granier, Humberto Moreira y Juan Sabines, son ejemplo de corrupción e impunidad. Los niveles criminales de deuda pública contraída durante sus gobiernos, son botón de muestra de la corrupción que impera en los gobiernos estatales que se conducen con impunidad y como verdaderos caciques que manejan las arcas públicas a su antojo, sin rendición de cuentas y como si fueran de su propiedad.

Este problema no es un asunto del pasado, la deuda pública va en aumento. De acuerdo al más reciente reporte trimestral dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la deuda contraída por gobiernos estatales y municipales durante el primer trimestre de este año, creció 1,481 millones de pesos, con relación al saldo de diciembre pasado, con lo cual, alcanza una cifra histórica de 436,242 millones de pesos.
Es decir, no sólo no existen mecanismos para controlar el nivel de endeudamiento público, sino que éste creció de manera realmente desastrosa para las finanzas públicas, pero sobre todo para las finanzas de la gente. La deuda pública compromete a varias generaciones de ciudadanos que vía impuestos deben cubrir el desfalco de gobiernos corruptos, el endeudamiento pone en riesgo la operación de servicios públicos básicos como la seguridad, y supera por mucho la capacidad de pago, pues está por arriba del nivel total de ingresos a las arcas estatales y municipales por concepto de participaciones federales.
La deuda en varios de los casos es mayor que el total de percepciones que los estados reciben de la federación, tal es el caso de Coahuila, que lo supera por 285.2%; Quintana Roo 208.9%; Nuevo León por 197.2%; Chihuahua por 167.5%, y Veracruz, con más de 124%.
En estos estados, la situación de inseguridad y el estancamiento demuestran que la deuda no está dirigida a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, sino que gran parte de esa deuda estuvo enfocada a financiar proyectos políticos electorales. De cara a los niveles de pobreza en que vive la gente, estos volúmenes de deuda por corrupción son indignantes y criminales.
El aumento de deuda pública estatal, justo en el primer trimestre del año, al inicio de procesos electorales en 14 entidades del país, parece indicar que no es una casualidad. Aunado a un sistema que permite la impunidad a los gobiernos para endeudarse indiscriminadamente, está presente el hecho de la operación político electoral realizada por los gobernadores, que sin recato alguno y no importando la ley, menos aún un addendum de buenas intenciones, hacen para comprar, manipular y coaccionar el voto en favor de sus candidatos, por el sólo hecho de garantizarse la continuidad. Las elecciones en México se han vuelto para los gobernadores un negocio rentable, al que invierten recursos públicos para hacerse del poder, desde donde podrán disponer de las arcas públicas.
Es obvio, ante esta realidad, que para los del "Partido del Pacto por México" no les es urgente ni prioritario avanzar en la legislación que ponga un alto definitivo a la contratación indiscriminada de deuda pública, antes han decidido ir por darle más garantías a bancos para cobrar la deuda privada, es decir, por la deuda que muchos mexicanos han tenido que recurrir para adquirir los básicos, comprando ya hasta comida a meses sin intereses. Esto se tiene que acabar.
La imagen de más de 88 millones de pesos en efectivo, en una propiedad del ex tesorero de Andrés Granier, es la punta del iceberg de la corrupción, y una muestra de que el aumento de endeudamiento va ligado a enriquecimientos muy explicables. Urge frenarlo, no más impunidad.
Twitter: @RicardoMeb