Cuando la naturaleza estorba: extractivismo, desregulación y la falsa neutralidad del “progreso”

Hay una idea que reaparece cíclicamente en la historia política latinoamericana: la naturaleza como obstáculo. No como hogar, no como sistema vivo del que dependemos, sino como “traba”, como “burocracia verde”, como freno al crecimiento. Esa idea no siempre se expresa con brutalidad; a veces llega envuelta en palabras técnicas: eficiencia, certeza jurídica, simplificación de permisos. Pero el fondo es el mismo: cuando el capital quiere avanzar rápido, la naturaleza debe hacerse a un lado.

Las propuestas ambientales asociadas al ideario de José Antonio Kast se inscriben con claridad en esta tradición. No porque promuevan explícitamente la destrucción ambiental —eso casi nunca se dice así—, sino porque subordinan la protección ecológica a la lógica del mercado y de la inversión extractiva, como si los ecosistemas fueran una variable secundaria y no la base material de la vida social.

La desregulación no es neutral

Uno de los ejes centrales de este enfoque es la crítica a la regulación ambiental, presentada como un exceso ideológico o administrativo. Se habla de permisos “lentos”, de evaluaciones “excesivas”, de trabas al desarrollo. Pero esta narrativa omite una pregunta fundamental:
¿para qué existen esas regulaciones?

Las evaluaciones ambientales no surgieron por capricho burocrático. Son el resultado de décadas de conflictos socioambientales, de ríos contaminados, de glaciares intervenidos, de comunidades desplazadas, de ecosistemas colapsados. Reducirlas no es “modernizar el Estado”: es desarmar los frenos que la sociedad puso al abuso.

Cuando se acelera la aprobación de proyectos mineros, energéticos o industriales sin reforzar —e incluso debilitando— los criterios científicos y la participación ciudadana, lo que se acelera en realidad es el daño irreversible. La naturaleza no negocia plazos administrativos: un acuífero agotado no se recupera por decreto.

Extractivismo: el viejo modelo con nuevo discurso

Chile conoce bien este modelo. Minería intensiva, uso masivo de agua, concentración de beneficios y externalización de costos ambientales. El discurso pro-extractivista suele presentarse como realista: “es lo que da empleo”, “es lo que sostiene la economía”. Pero rara vez se pregunta quién paga realmente el precio.

Los glaciares que retroceden no votan.
Los humedales que desaparecen no hacen lobby.
Las futuras generaciones no firman contratos.

En un contexto de crisis climática, insistir en un modelo que profundiza la explotación de bienes naturales comunes sin una agenda robusta de protección ecológica no es pragmatismo: es ceguera histórica. Es actuar como si el siglo XXI no existiera, como si el colapso climático fuera una opinión y no un hecho medible.

La ausencia también es una postura

Tan revelador como lo que se propone es lo que no se propone. En el ideario ambiental de esta derecha dura no aparecen con fuerza conceptos como:

• justicia climática

• protección integral de la biodiversidad

• límites ecológicos al crecimiento

• transición energética con enfoque social

No porque sean ideas “de izquierda”, sino porque implican aceptar que el mercado no puede decidirlo todo. Y eso es precisamente lo que incomoda.

Negar, minimizar o relativizar la crisis climática no es una postura técnica: es una posición política que favorece a quienes se benefician del statu quo. Cada año de inacción se traduce en más sequías, más incendios, más desplazamientos humanos y más desigualdad.

La naturaleza como variable sacrificable

En el fondo, lo que inquieta de esta visión no es solo el impacto ambiental inmediato, sino su antropología implícita: una donde la naturaleza vale en tanto sea explotable, donde el territorio es mercancía y donde la vida no humana carece de dignidad propia.

Es una visión pobre, incluso desde el punto de vista humano. Porque cuando se destruyen ecosistemas, no se destruyen abstracciones: se destruyen condiciones de posibilidad de la vida cotidiana. Agua, aire, suelo, estabilidad climática. No hay economía posible sobre un territorio devastado.

Conclusión: no es ideología, es supervivencia

Defender regulaciones ambientales estrictas no es romanticismo ni radicalismo. Es sentido común a largo plazo. Es entender que el verdadero desarrollo no consiste en crecer hoy a costa de morir mañana.

La inquietud frente a este enfoque no nace del miedo al cambio, sino del conocimiento histórico: sabemos cómo termina esta historia. Ya la vimos en ríos secos, en zonas de sacrificio, en comunidades abandonadas cuando el negocio dejó de ser rentable.

El dilema no es crecimiento versus naturaleza.
El dilema es vida versus cortoplacismo.

Y en ese dilema, toda política que trate a la naturaleza como un estorbo ya ha elegido bando.